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| Presionado, Gobierno apura ley de lavado en Diputados |
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07/04 - 10:20 Ambito Financiero |
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| | Por: Rubén Rabanal - Cristina de Kirchner les ordenó ayer a ministros, diputados y senadores que apuraran cuanto antes la votación de la nueva ley en contra del lavado de dinero que está en debate en Diputados. La Presidente así acusó recibo de las advertencias que le viene haciendo desde hace 48 horas a funcionarios y legisladores la delegación del Gafisud que visita el país: o se reforma la legislación sobre lavado de dinero o el país será expulsado del organismo madre de combate a los delitos financieros en el mundo.
Ayer por la mañana Cristina de Kirchner convocó de urgencia a la residencia de Olivos a Aníbal Fernández, Julio Alak, Agustín Rossi, Eduardo Fellner y el titular de la UIF, José Sbatella. Ante ellos fue directa: «Yo no quiero ser la responsable de las sanciones del GAFI a la Argentina. Que el Congreso haga la ley», ordenó.
Inmediatamente le explicaron la situación actual. Existen tres temas en debate:
La reforma al Código Penal, que introduce la figura de lavado autónoma, es decir, como delito en sí mismo y no en conexión con otros como funciona en la actualidad. En ese punto no hay prácticamente discrepancias con la oposición.
La modificación a la UIF en sí misma, por la que el organismo, entre otros puntos, pueda presentarse como querellante en las causas iniciadas por lavado. En esto no existe acuerdo con los bloques opositores que, además, exigen un cambio en el directorio del organismo.
Finalmente, la propuesta de Elisa Carrió de crear una agencia independiente contra el lavado bajo la jurisdicción del Congreso y que el Gobierno rechaza.
En realidad, oposición y oficialismo trabajaron durante todo el verano en este tema en una subcomisión de asesores, sabiendo que el plazo del GAFI se vencía y una sanción era segura. De hecho, hace un mes visitaron esa comisión María Laura Gómez y Gabriel Cuomo, representantes de la UIF, para discutir el proyecto con la oposición.
En el encuentro de ayer tanto Rossi como Pichetto fueron claros: es muy difícil avanzar con leyes en el Congreso en estos días. Más cuando hace una semana siguieron irritando a la oposición al negar quórum para tratar la suba en el mínimo no imponible en Ganancias y luego el Gobierno la sacó por resolución de la AFIP.
Le explicaron a Cristina de Kirchner, además, que la oposición pide leyes que el kirchnerismo les niega sistemáticamente. Ella preguntó: «¿Cuáles?». «No sabemos, hay que hablarlo», le contestaron.
Se habló entonces de iniciar negociaciones con quienes el kirchnerismo considera más «razonables», como Federico Pinedo y Ricardo Gil Lavedra. Y evitarán por cualquier medio a Carrió.
El Gobierno ya le dijo anoche a la oposición que quiere conversar. Hoy habrá una conferencia de prensa de todos los bloques opositores. La idea, confiesan, es no entorpercer la ley, pero reconocen que hay mucho que discutir con el kirchnerismo.
El Gobierno sabía que en mayo comenzaría una revisión de la situación del país por parte del GAFI y que ése será el momento límite. Pero en estos días recibió demasiadas pruebas por parte de la delegación del Gafisud (capítulo latinoamericano de ese organismo de combate al lavado de dinero) sobre lo que podría pasar si el país no modifica su legislación.
Esa comitiva, integrada por el secretario ejecutivo del grupo regional, Alejandro Montesdeoca Broquetas, el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero de Paraguay, Oscar Boidanich Ferreira; el superintendente de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensión de Perú, Felipe Tam Fox, y el consejero para Asuntos de Lavado de Dinero de México, José Luis Stein Velasco Casanova, mantuvo reuniones en la UIF con funcionarios y también con legisladores.
Uno de esos encuentros terminó de alertar al Gobierno sobre lo que se viene. En la sede de la UIF (en origen iba a ser en el Congreso) se encontró un grupo de diputados como Pinedo, Diana Conti, María Teresa García y asesores, junto con Sbatella y la delegación del Gafisud. Alfonso Prat Gay no participó del encuentro pero sí estuvo en otra reunión con los funcionarios ayer en la Comisión de Finanzas.
En la reunión dentro de la UIF los funcionarios fueron terminantes: «Sin una nueva ley a la Argentina la van a sacar del GAFI», dijeron. La explicación, cruda, no era la primera vez que llegaba a los oídos de Sbatella. «Si 186 países aceptan un estándar legal en materia de regulaciones, no hay sentido en que la Argentina permanezca en un organismo».
Pinedo pidió entonces la palabra y comenzó a relatar la situación en el Congreso: ofreció un compromiso de trabajo a marcha forzada para sacar la ley, pero puso en claro que el PRO no aceptará que sólo se modifique el tipo penal sobre lavado de dinero, como quiere el Gobierno, sin introducir reformas en el funcionamiento de la UIF.
«Esto nació como un organismo pluripartidario y ahora pasó a ser de uno solo. Estamos de acuerdo en que tiene que tener independencia funcional, no creemos que deba depender del Congreso», dijo distanciándose en esto de Carrió, pero aclaró: «No creemos que la UIF tenga que tener facultad para querellar», como pide el kirchnerismo.
Pinedo también generó uno de los momentos de más nerviosismo en ese encuentro: «No queremos un organismo que pueda hacer persecución política», dijo con relación a las investigaciones del GAFI. «Por supuesto», le dijeron los extranjeros, «no pueden salir a pescar». Sbatella hizo un silencio inmediato.
Hubo un punto que el Gobierno quiere evadir en la actual discusión sobre la ley de lavado, pero que los visitantes del Gafisud pusieron sobre la mesa: la indefinición legal en el país sobre el castigo al financiamiento al terrorismo y a la figura misma del terrorista en el Código Penal.
«Ustedes saben que por nuestra historia interna éste es un tema complicado», dijeron casi a coro los kirchneristas presentes.
El peruano les cortó el argumento: «Miren, acá somos todos de la región y todos tuvimos problemas. Yo vengo de Perú y allí todavía tenemos a 100 de Sendero Luminoso, es decir tenemos el problema a flor de piel y sin embargo todos tenemos una ley».
Con esos antecedentes, Cristina de Kirchner convocó por la mañana a la residencia de Olivos a ministros, funcionarios y diputados. Poco después, el jefe de Gabinete anunciaba la convocatoria al Congreso ante la necesidad de que se apruebe una ley sobre lavado.
Alak, obviamente, jugó el partido para el Gobierno recordando que en junio del 2010 «se envió a Diputados un proyecto que actualiza el delito penal de las acciones delictivas y el fortalecimiento de la estructura en nuestro país en la lucha contra el narcotráfico y lavado de dinero».
«Es indispensable que se apruebe», dijo y puso el plazo: «Debe ser sancionada antes de junio, para evitar que la Argentina sea incluida entre los países no cooperantes».
«Necesitamos que la oposición acompañe con su voto, porque si no sancionamos esta ley el Estado argentino será sancionado», dijo el ministro como si en realidad no existiera ya un borrador de dictamen elaborado por la oposición y parte del oficialismo y que ahora sólo espera una definición sobre las reformas a ese proyecto que pretenda introducir el Gobierno.
Como éste es un conflicto de tres poderes, Alak se quejó además de la inacción judicial, algo que también marca el GAFI: «De 10.300 reportes de operaciones sospechosas se ha pedido especialmente a la Justicia que se investigue aproximadamente a 1.000 y lamentablemente de este número que se ha elevado a los carriles naturales de la Justicia solamente hemos tenido una condena», recordando que se trataba de «un parrillero cordobés». |
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