Diferentes funcionarios oficiales criticaron con dureza la decisión del grupo Techint de impedir la designación de nuevos directores como representantes del Estado en la siderúrgica Siderar.

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, afirmó que el Estado tiene "todo el derecho" a tener acciones en empresas privadas, y consideró que el grupo Techint "ha motivado y creado una confusión" en torno a este asunto.

"El Estado nacional se puso los pantalones largos; lo que nos propusimos es defender de verdad ese dinero que nos pertenece a todos para pagar a los jubilados", dijo, y subrayó: "Cuando tenemos inversiones en empresas, nosotros tenemos todo el derecho" a participar en las decisiones.

En la misma línea, la ministra de la Industria, Débora Giorgi, cuestionó a los "grupos económicos que se empeñan en agitar fantasmas" para frenar la participación estatal en el directorio de empresas privadas.

La funcionaria resaltó que no se trata de una "intromisión del Estado", sino la posibilidad de "hacer valer la tendencia accionaria en igualdad de condiciones al resto de los inversores".

"Es nada más que ejercer el legítimo ejercicio de los derechos que le asisten en el marco de su representación en relación con el capital que posee, priorizando el desarrollo sustentable con inclusión", dijo Giorgi.

Por su parte, el director de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Diego Bossio, señaló a través de su cuenta en Twitter que la decisión de Techint "impide al Estado garantizar la seguridad social".

A la ofensiva estatal también se sumó el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, que, desde México, defendió el derecho de nombrar a nuevos directores en las empresas participadas y negó enfáticamente que la medida pudiera generar algún tipo de inseguridad jurídica para los inversores.

"La mayor inseguridad jurídica sería que el Estado, que es de todos los argentinos, no reclamara tener los representantes que le corresponden en las empresas", sostuvo.