Por Adrián Ventura - En medio de un clima de creciente confrontación que promueve el Poder Ejecutivo contra empresas líderes , y durante una jornada en la cual la Bolsa de Comercio suspendió temporariamente la cotización de sus acciones, Siderar pasó a la ofensiva: presentó ayer en la Justicia un recurso contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 441 por el cual, la semana pasada, la presidenta Cristina Kirchner había autorizado a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a ampliar su derecho a voto en las firmas en las que es accionista y pidió la nulidad de una resolución de la Comisión Nacional de Valores.

El día fue intenso: la Bolsa de Comercio, al inicio de la rueda, a las 11, suspendió la cotización del papel de la siderúrgica y le pidió a la empresa un informe sobre la resolución de la CNV, que el viernes pasado había declarado irregular la asamblea de accionistas de la empresa. A las 11.37, la firma presentó una nota ante la Bolsa en la que anunció que promovería medidas legales "a fin de poder cumplir con el pago de dividendos aprobados en esa asamblea". Y poco después presentó el recurso judicial.

Mientras tanto, el papel perdía parte de la ganancia acumulada el viernes y Ternium (el holding del que Siderar forma parte) informaba a los mercados europeo y americano que no podia dar ninguna seguridad de que podría repartir los dividendos aprobados por Siderar, a raíz de la los problemas que planteaba el decreto del gobierno argentino.

El extenso escrito, elaborado contra reloj por Horacio de las Carreras, abogado apoderado de Siderar, es un recurso de apelación que deberá ser resuelto por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Se pide que se expida con urgencia, ante la necesidad de repartir dividendos el 6 de abril, y que, para que eso sea posible, se suspenda el decreto del Poder Ejecutivo y la resolución de la CNV.

En su presentación judicial, a la que tuvo acceso LA NACION, la siderúrgica planteó que el DNU 441/11 es "inconstitucional"; alegó que es "nula" la resolución de la CNV que el viernes último, y en un tiempo récord de apenas seis horas, declaró la irregularidad de una asamblea de accionistas -sin haber leído, siquiera, el acta de esa reunión-, y pidió a la Justicia que suspendiera los efectos de esa medida. Algunos accionistas también están evaluando la posibilidad de tomar un camino similar.

En la asamblea de accionistas realizada el viernes, se había aprobado repartir dividendos por más de 1500 millones de pesos, una decisión que curiosamente fue rechazada por la Anses, aun cuando el interés de los jubilados que dice defender Diego Bossio, director de ese organismo, parecía aconsejar tomar esa ganancia, extraordinaria para los estándares de la plaza.

Para evitar dudas, Siderar registró en el acta de la asamblea una doble votación: una, con la Anses votando con el límite del 5%, y otra, con la Anses usando todos sus votos. En todos los casos, el organismo quedaba en absoluta minoría. Pero cuando llegó el momento de negociar los nombres de los nuevos directores estatales, ante la pretensión de la Anses de imponer varias personas de La Cámpora, la asamblea votó pasar a cuarto intermedio.

En los años 90, las administradoras de fondos de pensión (AFJP) invirtieron los fondos de los trabajadores cotizantes -futuros jubilados- en acciones de empresas líderes. En 2008, cuando el Congreso dictó la ley 26.425 y eliminó el sistema de las AFJP, se apropió de esos fondos y también pasó a ser titular de las acciones de las empresas donde aquellos habían sido invertidos.

Para lograr la aprobación de la ley 26.425, los bloques parlamentarios aceptaron incluir una limitación al derecho de voto de la Anses, que ya estaba previsto en la ley 24.241, pero que el proyecto había omitido estipular: sin importar cual fuese su tenencia accionaria, el derecho a voto no podría superar el equivalente al cinco por ciento de las acciones.

Tanto el senador Alejandro Rossi, hermano del jefe del bloque de diputados kirchneristas Agustín Rossi, como también el actual ministro de Economía, Amado Boudou -en una reunión de comisiones en el Senado que tuvo lugar durante aquel trámite legislativo- estuvieron de acuerdo en incorporar ese techo, para evitar el temor de que el Estado pasara a formar parte de las firmas.

Pero la semana pasada, la Presidenta cambió unilateralmente las reglas de juego y derogó ese límite.

El caso testigo de Siderar es observado por muchas empresas que antes de fin de mes deben realizar sus asambleas de accionistas, así como por el Poder Ejecutivo, que ve peligrar la aplicación de aquel decreto de necesidad y urgencia si muchas firmas y accionistas promoviesen demandas judiciales.

Los ejes de la demanda presentada ayer por los abogados de Siderar son estos:

• El DNU es inválido, porque no hubo urgencia que justificara esquivar al Congreso.

• La resolución 16.552 de la CNV es nula, porque violó el derecho de defensa.

• La Anses no sufrió ningún perjuicio en la asamblea de accionistas, porque se dejó constancia de que se hizo un doble cómputo de mayorías y que la Anses no ganaba ninguna votación, sea que sus votos fuesen computados con el límite de la ley o fuesen computados con la ampliación aprobada por el DNU.