La ANSES presentó ayer una demanda contra Siderar exigiendo que los representantes que nombre puedan integrarse al directorio de la empresa siderúrgica. La medida marca un nueva paso en la escalada de confrontación entre el Grupo Techint -de la que Siderar es subsidiaria- y el Gobierno nacional, en relación con el decreto 441/11 que permite al órgano previsional votar en asambleas y designar directores en función de su real tenencia accionaria en las empresas donde antes estaban las AFJP.

Pese a esta novedad Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) trató de bajarle el tono a la disputa, al declarar que la misma «no es un problema grave ni importante para el país», al tiempo que formuló un llamado al diálogo «para alcanzar soluciones». Sin embargo, admitió que la disputa «es entre el Gobierno y todo el sector empresario, no sólo Techint, porque afecta a todas las empresas, que no quieren una injerencia del Estado».

Básicamente lo que plantea la ANSES en su demanda es revertir la decisión tomada por la asamblea de Siderar del viernes pasado, en la que se aprobó un dividendo en efectivo de $ 1.511 millones y se negó a los tres directores nombrados por el Estado el ingreso como miembros del directorio. La asamblea también votó pasar a un cuarto intermedio hasta el 11 de mayo.

Cabe apuntar que la acción judicial no es una demanda penal, y se radicó en el Juzgado en lo Comercial Nº 12, Secretaría 24, a cargo del juez Germán Papa.

Desde la empresa la opción por la Justicia en lo Comercial fue interpretada como la primera señal de que puede haber algún tipo de negociación con el Gobierno, dado que -al menos hasta ayer a última hora- todos los puentes estaban cortados.

En la misma demanda el Gobierno pide que la empresa informe el destino que le dará a una reserva facultativa acumulada y destinada a inversiones de $ 6.400 millones.

En tanto, Acevedo -que el martes próximo dejará su cargo para ser reemplazado por José Ignacio de Mendiguren- admitió que «se trata de un momento preocupante, pero no el peor» en la relación entre el Gobierno y los empresarios.