La avanzada del Gobierno sobre las compañías para colocar directores de la ANSeS en las empresas y aumentar la distribución de dividendos entre los accionistas, tal como reclamaron varios funcionarios, pone en juego nada menos que $ 6.300 millones en ganancias de firmas privadas que podrían engrosar las arcas del Gobierno justo en el preludio de la carrera electoral. Así lo establece un informe elaborado por el Banco Ciudad en base a datos del organismo previsional y los estados contables de las empresas en las que la ANSeS tiene participación.
Revisando los estados contables de las compañías heredadas por la ANSeS de las ex AFJP’s, se desprende que el total de utilidades no distribuidas para el conjunto de estas firmas asciende a la friolera de $ 65.300 millones, sostiene el trabajo.
Según sus argumentos, el Gobierno se haría de la suma millonaria si tiene éxito la presión oficial para que las compañías cambien su política de dividendos y transfieran la totalidad de las utilidades no distribuidas.
Los $ 6.300 millones que, de máxima, podría captar el Gobierno constituyen una cifra enorme aún para las arcas públicas. Equivalen, por caso, a la misma cantidad de recursos que la presidenta Cristina Fernández distribuyó en 2010 a través de la Asignación Universal por Hijo (AUH), una de las medias más redituables del kirchnerismo en términos sociales y políticos.
Hay que aclarar que, en la práctica, la repartición total de las ganancias es algo poco frecuente entre las empresas. Es por eso que las previsiones del organismo que conduce Diego Bossio indican que espera sumar este año poco más de $ 766 millones en distribución de dividendos que le corresponden a partir de sus participaciones accionarias, de acuerdo con la presentación que realizó la semana pasada en el Congreso.
Además, la ANSeS no mantuvo el mismo criterio con respecto a la distribución de dividendos en todos los casos durante las últimas asambleas. En la reunión de Molinos, la primera empresa que realizó una asamblea de accionistas luego de la publicación del decreto 441, que le permite a la ANSeS el voto acumulativo, el organismo que lidera Bossio le dio el visto bueno a la política de distribución de ganancias propuesta por la empresa de los Perez Companc. Pero un día después, el viernes 15 de abril, rechazó la repartición de ganancias por parte de Siderar, la fabricante de chapa del grupo Techint. Sucede que el Gobierno cuestiona el destino de los $ 6.440 millones de utilidades acumuladas aún no distribuidas por encima de la reserva legal que reportarían unos $ 1.700 millones a la ANSeS, aunque estuvo de acuerdo con la repartición de los $ 1.500 millones correspondientes a 2010.
Según explicaron fuentes cercanas al organismo oficial, si sus directores hubiesen aceptado la propuesta para el año pasado también habrían convalidado el destino de los fondos aún no asignados en ejercicios anteriores.
De acuerdo con el Banco Ciudad, la puja legal y política entre el Gobierno y Techint tiene una explicación contundente: este holding empresario explicaría la mitad de los $ 6.300 millones en juego.
Esta semana se definirá una parte importante de los fondos adicionales que podría recibir el Gobierno a través de las utilidades de empresas, dado que se realizarán las asambleas de accionistas del Macro, el Galicia, el Patagonia y Consultatio y Solvay Indupa. Si distribuyeran la totalidad de sus ganancias, a la ANSeS le corresponderían casi