Por IGNACIO OLIVERA DOLL - Bancos, escribanías, joyerías y juegos de azar de todo el país podrían ser víctimas este año de una multa de la Unidad de Información Financiera (UIF) por no haber reportado una sospecha de lavado. El organismo confirmó a este diario que mantiene abiertos unos 40 sumarios que fueron confeccionados desde los primeros días de gestión de José Sbatella y que tendrán una resolución definitiva este año. La investigación por un sumario dura alrededor de tres meses y puede derivar en sanciones que pueden ser de entre $ 10.000 y $ 100.000, por no seguir la debida diligencia, o de hasta 10 veces el monto de la operación sospechada, o por haber omitido una información, comentaron desde la UIF.
Entre los “sujetos obligados que están siendo seguidos de cerca por Sbatella hay joyerías, bancos, escribanías y casas de juegos de azar. Se realizan en promedio entre una o dos inspecciones por semana. Se presenta un informe y, si corresponde, se abre el sumario y el área jurídica lo lleva adelante, agregaron.
De los más de 10.000 reportes recibidos en los últimos nueve años, la UIF mantiene aún bajo análisis unos 8.066, y ya remitió a la Justicia o a algún ministerio público 970. Sobre unos 50 que tiene bajo estudio, en tanto, pidió levantamiento de secreto.
José Sbatella viajará hoy a Lima junto a una comitiva integrada por las áreas técnicas de su organismo para presentarse ante el Grupo de Revisión e Implementación de Cumbres (GRIC) de las Américas, que coordinan Canadá, Chile y Estados Unidos. Será la última reunión antes de que, el 30 de junio próximo en París, la UIF deba presentar ante el GAFI los avances del país logrados en su lucha contra el lavado de dinero y evitar una sanción o el ingreso a la lista gris. “El GRIC va a hacer un seguimiento del cumplimiento del plan de acción al que nos comprometimos en febrero pasado. Va a revisar las 49 condiciones que pide el GAFI y supervisar las que son estratégicas”, comentó una fuente de la UIF. El GRIC, conformado por los 34 gobiernos del continente, se reúne en general tres veces al año. La UIF recibió durante el primer cuatrimestre de 2011 unos 2.100 reportes por operaciones sospechosas del delito de lavado de dinero desde cada uno de los sujetos obligados. Unas 176 de ellos fueron recibidas por el sistema online que empezó a ser implementado desde el último 1 de abril. La cifra equivale al 70% de la cantidad que había sido reportada durante todo 2010, y supera en un 40% a la de todo el 2009, bajo el mandato de Rosa Falduto.
Según los datos registrados hasta hoy, el sistema financiero sigue siendo, por lejos, el sector que mayor cantidad de operaciones sospechosas informa sobre sus clientes. Desde 2002, las entidades del sistema presentaron 8.250 reportes, sobre un total de 10.712. Este año, sin embargo, empezaron a ganar peso las escribanías con 312 reportes, y los remesadores de dinero, con 277 (ver infografía). La recepción total se incrementó fuertemente porque pasamos, por ejemplo, de no recibir nada de las transportadoras de caudales, a recibir más de 100 reportes en dos meses, comentaron en el organismo. Antes sólo recibíamos los de las entidades financieras, que representaban apenas el 12% de la masa de dinero en el país. Todo lo demás no lo supervisábamos. Ahora recibimos el doble, pero de todos los sectores, agregaron.
La cantidad de reportes se aceleró con la implementación del sistema online que fue lanzado hace un mes. Mediante éste, cada compañía, identificada con su CUIT y un password, debe ir registrando las operaciones sospechosas. Sus reportes ingresan en una matriz de riesgo que ya empezó a confeccionar el organismo, mediante el cruce de datos entre los distintos sectores.
Los técnicos de la UIF se encuentran abocados por estos días a discutir las resoluciones que fueron dictadas en los primeros meses para los responsables de los registros de propiedad inmueble de cada provincia (ver recuadro), los contadores públicos y los agentes de comercio exterior. Los primeros en lograr un cambio fueron los contadores. En el organismo confirmaron que ya tienen resuelto elevar el activo mínimo de los individuos o las empresas auditados por ellos a partir del cual deberán hacer reportes sistemáticos al organismo, desde los $ 3 millones hasta los $ 6 millones. Y también conceder una prórroga para la aplicación de la resolución, similar a la que fue otorgada a otros sujetos obligados.