Por PABLO FERNÁNDEZ BLANCO - Tal como ocurrió en los últimos años, el Gobierno destinará una partida adicional de recursos durante el invierno para contener los precios de la electricidad y del gas que paga la mayor parte de los usuarios residenciales. Mediante la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 1707, que lleva la firma de Antonio Pronsato, el titular del Enargas, el Gobierno dispuso bonificaciones del 100% para los consumos de gas por redes en junio y en julio, y del 70% en agosto y en septiembre.
La medida le costará a las arcas públicas más de $ 500 millones, de acuerdo con la estimación de costos fiscales que hacen en Planificación. Y tiene como objetivo establecer excepciones al decreto 2067 de 2008. Esa norma, que generó fuertes disputas con el Gobierno desde el Congreso, las asociaciones de consumidores y los usuarios, creó un fondo fiduciario para atender las importaciones de gas natural y toda aquélla necesaria para complementar la inyección de gas natural que sean requeridas para satisfacer las necesidades nacionales.
El fondo estaba cubierto con cargos tarifarios que encarecieron las boletas hasta en un 1000%, en especial durante el invierno, debido a que el consumo es mayor durante los meses fríos. A través del decreto 2067, el Gobierno intentó reducir el gasto en subsidios, que de acuerdo con las estimaciones de economistas privados este año llegarán a los u$s 100.000 millones.
La mayor parte de los fondos se destinan a cubrir las compras de gas a Bolivia –se importan hasta 7 millones de m3 diarios de gas y cuestan unos u$s 39,5 millones promedio por mes–, las importaciones de gas por barco (de acuerdo con cálculos privados, este año se gastarán unos u$s 54 millones por mes) y las compras de gasoil y fuel oil del exterior para alimentar a las usinas, que rondarán los u$s 140 millones por mes.
Desde el Ministerio de Planificación, a cargo de Julio de Vido, confirmaron que esta semana saldrán las resoluciones de la Secretaría de Energía y del Enre, el ente regulador del sector para restablecer los subsidios eléctricos.
En octubre de 2008, cuando comenzó a detenerse la economía argentina y quedó en evidencia la estrechez de la caja oficial, de Vido anunció una reducción en los subsidios al gas y la electricidad, con lo que inició un proceso de descongelamiento tarifario. El nuevo esquema afectaba a sólo un 10% de los consumidores, pero implicaba aumentos drásticos para algunos.
La quita de subsidios registró un fuerte rechazo desde varios costados: desde la Defensoría del Pueblo hasta la oposición y los consumidores.
La presión pública generó una insólita situación, con el secretario de Energía, Daniel Cameron, en el Congreso que estaba a punto de vetar las resoluciones para explicar los motivos de los aumentos mientras de Vido anulaba la medida en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno.