La sanción de la ley contra el lavado de dinero el miércoles en Diputados que el Senado ratificará en dos semanas le dará un tiempo de tranquilidad al Gobierno frente a las exigencias del GAFI, pero menos de lo que esperaba. El organismo ya había anunciado en la última visita a Buenos Aires que a lo sumo en noviembre insistirá con la necesidad de modificar también el Código Penal para combatir el financiamiento al terrorismo. Ese punto está incluido dentro de las exigencias del GAFI al país, junto con las reformas exigidas a la ley contra el lavado de dinero, pero Cristina de Kirchner logró esquivar por ahora ese punto. El problema es más que simple: el GAFI quiere que se modifique el tipo penal para instaurar el delito de lavado autónomo, como se hizo esta semana, pero también que se incluya en el Código Penal la sanción a quienes aportan, desde el país o el exterior, a organizaciones locales que puedan estar comprendidas en actividades terroristas, que provoquen desorden voluntariamente o trabajen para instaurar el terror.

Ese debate ya lo enfrentó el Gobierno en 2007, cuando el 13 de junio se aplicó una reforma al Código Penal en la que se sancionó el encubrimiento de la financiación a organismos terroristas, pero el tipo penal quedó lejos de la definición que pretendía el GAFI.

Fue una solución de conveniencia: presionado por piqueteros y organizaciones sociales, Néstor Kirchner no quiso avanzar más en el debate central de esa reforma: definir qué se entiende por asociación terrorista, por lo menos de acuerdo con los cánones que pide el GAFI.

La ley se votó por entonces y no fue suficiente, y ahora el organismo internacional, si bien aceptaría suspender la aplicación de sanciones al país en la ronda de consultas que comienzan en junio en la reunión plenaria de México y luego en París, no dejará pasar de noviembre la presión para que se reforme el Código Penal también para el caso del financiamiento a actividades terroristas.

«Esto sale como un tiro porque el Gobierno está preocupado. Pero ahora viene la tipificación del financiamiento al terrorismo. Lo que se votó en 2007 fue de compromiso; eso no es lo que quiere el GAFI. Acá hay que definir claramente qué es desorden, qué es caos, qué es terrorismo en el Código Penal», explicaban ayer integrantes de la comisión que analizó el proyecto en Diputados. «El GAFI pide que se tipifiquen cosas como aportes del exterior a organizaciones locales. ¿De qué tenemos que hablar? Por ejemplo, de quienes reciben aquí financiamiento de Irán. ¿Eso es o no es un delito?», fue la pregunta en esa comisión que ahora deberá volver a analizar una nueva reforma.

Esa presión la sintieron diputados del oficialismo y la oposición durante la visita de la delegación del Gafisud que estuvo en el país hace un mes. Uno de esos encuentros fue en el despacho de José Sbatella, en la UIF. Hasta allí fueron Federico Pinedo, Diana Conti, María Teresa García y asesores del macrismo como Mónica Almada.

Tema complicado

Cuando los representantes del Gafisud insistieron con la necesidad de avanzar tanto en la reforma en el tipo penal contra el lavado de dinero como en el financiamiento al terrorismo, los kichneristas presentes argumentaron: «Ustedes saben que por nuestra historia interna, éste es un tema complicado».

Les respondió el superintendente de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensión de Perú, Felipe Tam Fox, uno de los integrantes de la delegación que visitó el país: «Miren, acá somos todos de la región y todos tuvimos problemas. Yo vengo de Perú y allí todavía tenemos a 100 de Sendero Luminoso, es decir tenemos el problema a flor de piel y, sin embargo, todos tenemos una ley».

Ayer Sbatella festejó la votación de Diputados: «Con este proyecto se deja afuera la figura de encubrimiento, que obligaba a tener probado un delito anterior a la utilización de sumas sospechadas de orígenes ilícitos», dijo. Pero fuera de esa euforia, el Gobierno sabe que la Argentina aún está lejos de las exigencias con las que el GAFI lo incomoda cada año.