Por NOELIA BARRAL GRIGERA - El jefe del bloque kirchnerista, Miguel Pichetto, hizo un sondeo rápido entre sus colegas de la oposición y se quedó tranquilo. La oposición en el Senado no trabará el tratamiento del proyecto de ley para tipificar el delito de lavado de dinero, que luego de su sanción en Diputados la semana última podría convertirse en ley en poco más de veinte días, en la sesión pactada en la Cámara alta para el 1 de junio.
El tratamiento en comisión del texto comenzará desde mañana mismo, cuando la comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside la justicialista disidente Sonia Escudero, reciba a las 14 al ministro de Justicia, Julio Alak; al presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, y al vicepresidente del Banco Central, Miguel Pesce, entre otros funcionarios, para analizar la iniciativa. Terminado ese encuentro, el oficialismo procurará conseguir las firmas suficientes para que el proyecto quede en condiciones de llegar al recinto. Su objetivo es conseguir dictamen antes de que se paralice la actividad en el Congreso durante la semana del 25 de Mayo.
Escudero le hizo saber a Pichetto que no obstaculizará el proceso. La senadora impulsa la tipificación del delito de lavado desde hace tiempo y, más allá de algunas observaciones sobre el texto que aprobó Diputados, considera un avance la sanción de una ley largamente reclamada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Ese organismo se reunirá el 20 de junio en México y a ese encuentro el gobierno argentino busca llevar la flamante ley, para evitar ingresar en la temida lista gris de países que no se esfuerzan por combatir el lavado de dinero.
El radicalismo también se expresó a favor de no dañar la institucionalidad y evitar las sanciones al país, aunque fuentes del bloque pusieron en duda la fecha de la sanción definitiva de la norma porque, subrayaron, para la sesión del primer día de junio ya hay muchos temas en carpeta: el debate particular del nuevo régimen para el personal de casas particulares; una iniciativa que intima al Ejecutivo a avanzar sobre el manejo de fondos en el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI); y un proyecto de ley para hacer efectivo el pago de la propiedad participada (PPP) a trabajadores de la empresa Altos Hornos Zapla reclamado por el jujeño Gerardo Morales.
Pero, más allá del temario abultado, el oficialismo procurará avanzar con el proyecto aprobado en la Cámara baja, que establece al blanqueo de activos como delito autónomo, que ya no será considerado como parte del encubrimiento de otro delito. Indica además que la UIF tendrá autarquía financiera (recibirá el 0,6% del presupuesto del Ministerio de Justicia), aunque solo podrá solicitar información en el marco de una investigación en curso y no está habilitada para ser parte querellante en causas judiciales ni para recibir declaraciones de testigos anónimos.