Por Martín Kanenguiser - La Argentina aceptó pagarle unos US$ 8400 millones al Club de París, pero insiste en cancelar la deuda en un plazo que, según los acreedores, resulta demasiado extenso para que no intervenga el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Ese no es un problema de la Argentina", indicó a La Nacion, tajante, una fuente oficial, que aseguró además que no hay "ni apuro, ni un freno" para cerrar el tema por cuestiones electorales locales.

Tanto esta fuente local como una perteneciente al consorcio de acreedores indicaron que la cifra reconocida por el Gobierno ronda los US$ 8400 millones, frente a los US$ 6900 millones mencionados en 2010 por el Gobierno y a los US$ 7900 millones reclamados por el Club a fines de 2008. Así, el Ministerio de Economía intentaría aceptar un monto mayor a cambio de lograr un plazo más largo de repago.

A propósito de esta cifra, otra fuente que está al tanto de las negociaciones descartó que, como dejó trascender el Gobierno este fin de semana en el diario Página/12, se hayan eliminado del pago algunas de las "deudas contraídas en la dictadura". "La deuda del Club creció mucho en la dictadura, pero fue renegociada en los 80 y principios de los 90, así que difícilmente ahora se pueda determinar cuáles son los préstamos originados en esa época", indicó.

Más allá del discurso político, el posible cierre en el corto plazo de la tarea de conciliación de cifras que comenzó en 2010, el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, aparece como un paso importante para saldar esta deuda que permanece en default desde fines de 2001.

Sin embargo, el Gobierno insiste en formular un plazo "de hasta" seis años de pago (al parecer, tres años para cancelar el capital y el resto para los intereses) que los acreedores oficiales no quieren aceptar si no participa de la supervisión del plano de pagos el FMI, como en otras refinanciaciones del Club.

Al respecto, la fuente local indicó: "Ese es un principio del Club, pero nosotros nos preocupamos por la sustentabilidad del plan de pagos, no por los principios de los acreedores".

Por lo tanto, la Argentina insistirá en un plan que no implique un pago fuerte con reservas del Banco Central, sobre todo en un contexto en el que la abundancia de dólares menguó, por la reducción del superávit comercial y la aceleración de la fuga de capitales en el año electoral.

De este modo, las fuentes oficiales relativizaron los potenciales beneficios de llegar a un acuerdo en términos de un mayor flujo de inversiones de largo plazo. "Eso sería muy lento y beneficiará primero al sector privado, mientras que el costo fuerte inicial lo asume el Estado", indicaron.

La Argentina no puede recibir el beneficio del crédito para importación de bienes de capital porque los países miembros del Club tienen al Gobierno en categoría de default.

Con un arreglo por la deuda, esta clasificación mejoraría, aunque resta saber si las empresas extranjeras están dispuestas a aumentar su stock en la Argentina. La respuesta, según la fuente extranjera, dependerá bastante del resultado electoral de octubre próximo y de las primeras medidas del próximo gobierno.

Esta fuente también descartó la opción sugerida por el ministro de Economía, Amado Boudou, de incluir en la oferta un "pago atado al crecimiento", similar al que formó parte del canje de la deuda con los bonistas realizado en 2005. En este caso, si el país crece más que lo previsto, pagaría más rápido.

"Ningún país va a querer acordar un esquema de este tipo con el antecedente de la manipulación de los datos oficiales de la inflación", aseguró el funcionario, en relación a las sospechas que existen sobre las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos desde 2007.

Mientras los acreedores privados afirman que el Gobierno subestimó la suba de la inflación para pagarles menos, con el dato del crecimiento pasó lo contrario y eso benefició a los tenedores del cupón ligado al PBI. Aún así, el Club prefiere llegar a un arreglo convencional.

La candidata a presidente por la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se reunió ayer en Berlín con el viceministro de Economía alemán, Ernst Burgbacher, que "expresó sus reclamos respecto de los permanentes cambios de reglas de juego que paralizan las exportaciones alemanas en los puertos argentinos", según informó ese partido. En la reunión -de la que participaron también los dirigentes Juan Carlos Morán y Patricia Bullrich-, Burgbacher "elevó una queja directa a la candidata presidencial, que le respondió que en el gobierno de la Coalición Cívica estas cosas no van a suceder" para poder aumentar las inversiones.