Por Hernán de Goñi - El dinero no es un bien gratuito. Conseguirlo tiene un costo y prestarlo también. Por eso cada pedido que los bancos suelen recibir de la clase política para que faciliten el acceso al crédito, empieza y termina en el mismo punto: cuál es el valor real al que puede prestar hoy el sistema financiero local y quién pone la diferencia para acercarlo al valor -ideal- que movilizaría una demanda masiva.
Es cierto que la Argentina tiene un nivel de crédito en relación al PBI muy bajo, inferior incluso al de sus propios vecinos. Es que los sucesivos castigos que recibieron los ahorristas como forma de corregir los errores de la política (el plan Bonex y el corralito, para no hacer mucha historia) se convirtieron en el principal argumento para desconfiar del peso y fugar dólares lo más lejos posible.
Si el Gobierno actuara para que los u$s 130.000 millones (más de dos veces las reservas) o al menos parte de ellos retornaran al país, lograría que la principal materia prima de los bancos tenga menos costo y sea más accesible.
Pero ese no es el escenario real. Las opciones más gruesas pasan por crear mecanismos de subsidio a las hipotecas (como ya hace con las pymes) o forzar al sistema a cobrar una tasa disociada del costo real. Si opta por esta última opción (el modelo aplicado a las prepagas) volverá a obligar al sector privado a cubrir un déficit del Estado.