Por Martín Kanenguiser - Las consultoras que miden la inflación en forma privada le expresarán hoy a la Secretaría de Comercio Interior que no tiene fundamentos para cuestionarlas por opinar sobre la suba de precios al consumidor, aunque varias evalúan dejar de hablar públicamente del tema por temor a una denuncia penal.

A la espera de una probable denuncia penal de la oposición contra el Gobierno por censura, los consultores afirmarán que el área que conduce Guillermo Moreno no tiene facultades para castigarlas por dar a conocer índices de inflación en torno del 25% a través de los medios de comunicación.

El otro argumento es que el Gobierno abrió otro frente de batalla cuando todavía no cumplió con su obligación de girar a la justicia en lo contencioso administrativo la apelación de las multas que ya les impuso.

Apelando a la defensa de la libertad de expresión y de los derechos que rigen en la Constitución , varios analistas presentarán la respuesta a la intimación que recibieron a fines de la semana pasada de la Dirección de Lealtad Comercial. Se trata de FIEL, Finsoport, Ecolatina, Efimak (Miguel Kiguel), M&S Consultores, Orlando Ferreres y Asociados, Estudio Bein & Asociados y Graciela Bevacqua.

El plazo para responder sobre los "elementos objetivos que les permitieron concluir" las subas del costo de vida en torno del 2% mensual y del 23 al 25 por ciento anual vence hoy, según el director de Lealtad Comercial, Gabriel Rotella.

En forma paralela, el Gobierno dejó trascender días atrás por la agencia de noticias oficial Télam que no sólo seguirá con las multas mientras las consultoras informen cifras diferentes de las del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), sino que evalúa también denunciarlas penalmente por supuesto incumplimiento del artículo 300, inciso uno, del Código Penal.

Allí se mencionan penas de prisión de seis meses a dos años para "el que hiciere alzar o bajar el precio de las mercaderías, fondos públicos o valores, por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas o por reunión o coalición entre los principales tenedores de una mercancía o género, con el fin de no venderla o de no venderla sino a un precio determinado".

Los abogados de los consultores explicaron que el argumento del Gobierno es "disparatado" ya que no se aplica de ningún modo a la difusión de índices de precios. Un abogado penalista explicó a LA NACION que dicho artículo está dirigido a quienes dan a conocer en forma deliberada -por lo tanto dolosa- una falsedad para acaparar mercadería.

Por esta razón, los bloques del radicalismo, Pro y GEN planean un contraataque en el plano judicial, con una denuncia en contra de Moreno y una acción pública para poner de manifiesto el "absurdo de prohibirles a las consultoras hablar de inflación", explicaron cerca de la diputada Margarita Stolbizer.

En el mismo sentido, el radical Ricardo Gil Lavedra dijo a LA NACION que está sumando antecedentes para la denuncia, "contra un gobierno mentiroso que impide cualquier política pública, en un caso que es gravísimo y constituye una intimidación sin límites". Federico Pinedo, jefe de bloque de Pro, sostuvo que "éste es un abuso de poder de un Estado policíaco, y si los dejamos avanzar, van a avasallar cualquier derecho".

Desde la Coalición Cívica, Patricia Bullrich agregó: "Vamos a estar a muerte con las consultoras mientras no haya un instituto oficial creíble; ya denunciamos a Moreno ante la Oficina Anticorrupción y haremos todo lo que haga falta".

De todos modos, hasta ahora la oposición admite sus limitaciones para impulsar la sanción completa de la reforma del Indec en el Congreso, en medio de la campaña electoral y sin unidad de criterios sobre esa cuestión.

Las consultoras, por su parte, suman más elementos de preocupación por esta nueva ofensiva del Gobierno y algunas evitarán referirse al tema de la suba de los precios, tal como pretende el Poder Ejecutivo. Kiguel dijo a LA NACION: "Este es un ataque claro a la libertad de expresión, ya que las cédulas que nos enviaron se refieren a opiniones que son profesionales y amparadas en derechos constitucionales. Decir lo que uno piensa en la Argentina sobre la inflación hoy está sujeto a censura y multas".

Desde FIEL, que fue intimada a dar a conocer la base de su canasta básica, explicaron que "en los próximos días" evaluarán la estrategia por seguir, en un tono parecido a Ecolatina, donde afirmaron que las continuas presiones del Gobierno "son más costosas que el propio monto de la multa" (de $ 500.000) que les impuso Moreno sin escuchar sus argumentos.

Graciela Bevacqua afirmó: "No voy a dejar de hablar mientras un juez no diga que es ilegal lo que hago", mientras que Jorge Todesca, de Finsoport, indicó que también seguirá opinando, "porque es una locura dejar de hacerlo.

Además de presentarse hoy en Comercio Interior para responder a la segunda intimación, las consultoras evalúan si hay espacio para exigirle al Gobierno que despache la apelación de las multas a la Justicia. Dos consultores indicaron que "como el Gobierno sabe que va a perder el tema de las multas por violaciones a la ley de lealtad comercial en la Justicia, ahora nos aprieta con la causa penal".

Por eso no descartan una denuncia internacional que le genere presión al Gobierno.

Decir lo que uno piensa en la Argentina sobre la inflación hoy está sujeto a censura y multas. MIGUEL KIGUEL. Director de Econviews

Voy a seguir hablando de inflación hasta que un juez me diga que es algo ilegal. GRACIELA BEVACQUA. Ex Directora del IPC

Es una situación gravísima, un caso escandaloso de censura que pensamos denunciar. RICARDO GIL LAVEDRA.Diputado Radical

Es un abuso de poder de un Estado policial contra analistas que debemos defender. FEDERICO PINEDO. Diputado Pro

Voy a seguir opinando en los debates, pero ésta es una locura que nos preocupa. JORGE TEDESCA. Director de Finsoport