Por IGNACIO OLIVERA DOLL - El Gobierno empezó a trabajar por estos días en flexibilizar la estricta normativa que dictó a principios de este año sobre los operadores de bolsa. En unas pocas semanas, la lupa oficial ya no estará puesta, según se prevé, en cada compra o venta de acciones o títulos públicos del mercado, tal como había sido establecido en la última resolución de la UIF (la 33/2011), sino cada vez que en el mercado se perciba un ingreso de fondos. Además, el organismo ampliará los umbrales a partir del cual los inversores deberán justificar el origen del dinero de $ 200.000 a $ 300.000 para la presentación de documentación respaldatoria, y de $ 40.000 a una cifra que aún no fue definida para la obligación de adjuntar una declaración jurada.
En las rondas de consulta y mesas de trabajo que comparten con los principales referentes del mercado, los técnicos de la Unidad de Información Financiera (UIF) ya deslizaron que va a haber una actualización en el umbral, en atención a los reclamos que están manifestando los operadores porque la idea no es interrumpir el normal desarrollo de la actividad de cada sector.
La idea de llevar a $ 300.000 el monto mínimo para la documentación respaldatoria es que la cifra guarde correspondencia con la que fue fijada para el delito penal en la ley anti-lavado sancionada recientemente en el Congreso. La segunda ampliación, en el monto límite para la presentación de la declaración jurada hoy en los $ 40.000, buscará eliminar las operaciones que aparece poco relevantes para el control del lavado de dinero.
En el organismo que preside el economista José Sbatella creen que, después del bombardeo de resoluciones que dictaron a principio de año para ponerse al día con las exigencias del GAFI, ahora llegó el momento de sentarse a conversar con los sujetos obligados. Con este propósito, por caso, la semana pasada realizaron una exposición de dudas frente a empresarios sobre la nueva normativa del mercado de capitales, en el marco de un seminario que organizaron en el Banco Nación, en conjunto con la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Las objeciones a la nueva regulación oficial, que tendrán a partir de ahora un tratamiento especial en el organismo, fueron esbozadas en ese encuentro desde el propio auditorio. A los empresarios les preocupa que en la resolución 33/2011 se interprete que estas exigencias de presentación de documentación recaigan sobre todas las operaciones que superan esos montos. Debería corregirse la redacción de la normativa y especificar que esa obligación recaerá sólo para los ingresos de fondos superiores a esos montos, comentó un agente de bolsa. En el panel estaba presente el economista Leonardo Pérez Candreva, de la UIF, que respondió que esa alternativa ya había sido analizada y que habrá, sin duda, una correctiva.
El tercer punto que hoy se discute en las mesas de trabajo es el requisito que incluye la regulación de que el oficial de cumplimiento que designan las empresas deba formar parte del directorio. La ley antilavado aprobada ya en el Congreso había eliminado esa pretensión.
Pero la correctiva, sancionada ya en el Senado, la reestableció. En la UIF adelantan que, al menos en este artículos, los inversores no deberían entusiasmarse con nuevas modificaciones.