Por Hugo Alconada Mon - Según una compleja investigación judicial, Roberto Gustavo Viazzo se convirtió en un especialista en el negocio ilegal de emitir facturas apócrifas, en en veinte años de llevar contabilidades en paralelo habría superado los 1000 millones de pesos de facturación "trucha", que les sirvió a muchas empresas (e incluso organismos del Estado) para evadir impuestos a gran escala.

El derrotero criminal de Viazzo quedó expuesto por la fiscal en lo penal económico María del Carmen Rogliano, quien emitió el dictamen para elevar a juicio oral la causa N° 4, más conocida como el "caso Viazzo". A lo largo de cientos de páginas, precisó el nacimiento, desarrollo y colapso de la asociación ilícita que lideró el contador que proveyó de facturas truchas a infinidad de empresas, en su mayoría con centro de operaciones en la Capital Federal.

Lo interesante de este caso es que el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1 deberá impulsar el juicio oral sólo contra los colaboradores del jefe de la banda, que no será enjuiciado porque continúa prófugo. Y quienes se sentarán en el banquillo afrontarán un desafío sustancial desde el momento en que los usuarios de sus facturas ya admitieron su falsedad, sin detallar si las utilizaron sólo para evadir impuestos o para esconder el pago de coimas, como sospechan en Tribunales.

En total, las empresas se acogieron a la moratoria por más de $ 615 millones, según los cálculos tribunalicios. Y aunque el monto que debieron abonar es elevado, las empresas lograron algo más relevante: evitaron la persecución penal, que contó con el apoyo de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (Ufitco), a cargo de Mariano Borinsky.

La lista completa de empresas resulta inabarcable. Aparecen compañías de servicios públicos, como Telecom Argentina y Aguas Argentinas; Metrovías, de Benito Roggio, o TEBA (empresa investigada por el pago de dádivas al entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime). También, Ledesma, Gotti y Palma -a las que vinculan con Lázaro Báez-, OCA, Casino de Buenos Aires (bajo control español antes del ingreso del empresario patagónico Cristóbal López), Boldt, Southern Winds (aerolínea que colapsó tras el hallazgo de cocaína en valijas enviadas a España), Atanor, Ciccone Calcográfica, los bancos de San Juan y Columbia y varias cerealeras poco conocidas. También, Siemens, Disco, Coto y Conarpesa (una de las principales aportantes a la campaña kirchnerista).

Todas las empresas fueron consultadas por La Nacion. Unas pocas optaron por no responder las llamadas; la mayoría, en cambio, confirmó que se acogió a la moratoria, pero aclaró que se trataba de un asunto "cerrado", sin ahondar en las razones por las que terminaron con facturas apócrifas en sus balances.

Lo notable, sin embargo, es que no sólo el sector privado le compró facturas a Viazzo a cambio de comisiones, cuya cuantía dependía del monto a evadir. También varias oficinas públicas recurrieron a él. Desde algunas municipalidades hasta el mismísimo Congreso de la Nación, según reconstruyó La Nacion. ¿Acaso para inflar costos con servicios fantasma y quedarse con el vuelto, como sospechan los investigadores?

Para satisfacer todos los pedidos, Viazzo montó junto con su mujer, Silvia Noemí Hernández, una vasta red que abarcó testaferros, empleados, socios y proveedores de sociedades y facturas falsas -conocidas como "usinas" o "panaderías"-. En total, más de 30 personas. Y a ellos se sumaron varios intermediarios con acceso a círculos de alto nivel que les aportaban nuevos y poderosos clientes.

Entre esos intermediarios descolló el contador Diego Evaristo Díaz Bonilla, alguien que exudaba tanto poder que cuando llamaba a las oficinas de Viazzo llamaba el mismísimo "Dios", según relató una de las secretarias del "panadero", Mirta Mabel Rossi.

De Dios a Skanska

"Cada vez que se nombraba o se hablaba de él o con él parecía que se nombraba a Dios", testificó Rossi, que recordó también los sobres con dinero o documentos que iban y venían entre las oficinas de Viazzo y las de Díaz Bonilla en la Galería Jardín, en la peatonal Florida, entre Lavalle y Tucumán, en pleno microcentro porteño.

Díaz Bonilla aparece en varios expedientes judiciales en los que se investigan las facturas truchas, como las causas Di Biase y Skanska. En esta última figura como proveedor de Inargind SA, una de las 23 firmas que le entregaron recibos falsos a la empresa sueca para esconder sobornos pagados en la obra pública. En su caso, al menos cuatro remitos por 572.000 pesos.

La sensibilidad que adquirió el "caso Viazzo" para el poder empresario y político podría explicar, además, la decisión del jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, de retirar a los dos contadores que colaboraban con los fiscales Rogliano y Borinsky para determinar el verdadero monto y alcance de la evasión, que resultó varias veces más importante que la determinación fiscal estimada de manera oficial por la AFIP, tal como reveló La Nacion en mayo de 2010.

La pesquisa detectó otro dato curioso. Junto a Díaz Bonilla, varios protagonistas de la trama compartían un rasgo singular: el club Hindú. Entre ellos, Osvaldo Díaz de Vivar -"El Barba"-, jefe de otra usina de facturas truchas, el "grupo MKT", sobre el que pronto quedaron en evidencia sus vínculos notables con sectores de los servicios de inteligencia.

A los tres -Díaz Bonilla, Viazzo y Díaz de Vivar- se suma un cuarto gran protagonista, Eduardo Corrado, quien también lideró una "usina" de facturas truchas. Antecedentes en la zona gris tiene: siempre se sospechó que era uno de los encubridores de las coimas en el caso "IBM-Banco Nación".