Por Martín Kanenguiser - Ajeno al ritmo de la campaña electoral, el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, multó ayer nuevamente a la consultora de Orlando Ferreres por difundir estimaciones privadas de inflación.

Fuentes de la firma, que calcula que la suba de precios en los últimos 12 meses ascendió al 23,7 por ciento y que rondaría el 28 por ciento este año, confirmaron a La Nacion que se trata de la segunda sanción económica consecutiva.

Además, precisaron que se basó en la presunta infracción del artículo nueve de la ley de lealtad comercial, sancionada en la dictadura, que "prohíbe cualquier publicidad que pueda inducir a error, engaño o confusión". A continuación, se indica que esto se refiere a las características del producto, por lo que -dicen los economistas- está destinada a sancionar el engaño en la venta de bienes en supermercados o rubros similares.

Se trata de una nueva multa de $ 500.000 emitida por la Dirección de Lealtad Comercial, como la primera tanda que alcanzó a una decena de estudios privados que publican resultados parecidos a los de siete provincias y diferentes de los del gobierno nacional.

Otros consultores afirmaron anoche a La Nacion que aún no habían recibido una segunda multa, aunque varios fueron advertidos por el área dependiente de Moreno por seguir hablando públicamente de una inflación superior a la registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) desde principios de 2007, cuando empezó la manipulación de los datos.

Otro de los consultores multados, Jorge Todesca, radicó en la Justicia una denuncia penal en contra de Moreno y de los directivos de Lealtad Comercial, Adalberto Rotella, Guillermo David y Fernando Carro. En esa denuncia, Todesca, candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sostuvo: "En ningún renglón de la ley se menciona la labor de los profesionales de las ciencias económicas, que no pueden ser alcanzados por la palabra «servicios»".

De lo contrario, según el ex viceministro de Economía, "los profesionales de la arquitectura, agrimensura, abogacía y escribanía serían alcanzados, ya que todos vierten opiniones".

Por lo tanto, los funcionarios acusados, agregó el economista, "han dictado resoluciones contrarias a la Constitución nacional, aprovechándose del poder que les fuera conferido legalmente".

En forma paralela, trascendió que el Gobierno avanzaría en la denuncia penal contra otra de las consultoras multadas, un paso que hasta ahora no concretó.

El Poder Ejecutivo logró que casi todas las consultoras dejen de publicar y hablar de la suba de precios, pese al paraguas ofrecido por la oposición en el Congreso para publicar los índices no oficiales a través de la comisión de Libertad de Expresión. Por otro lado, aún no se sabe si se adoptarán las sugerencias del informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la tarea del Indec.