Por DOLORES OLVEIRA - El gobierno de Uruguay recibió un nuevo reclamo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) por el régimen de acciones al portador, que permite mantener el anonimato de los dueños del capital de sus sociedades anónimas.
Sobre el particular, los países desarrollados consideran que el hecho de que las acciones no sean nominativas resulta un impedimento para cumplir con pedidos de información de fiscos extranjeros, por lo que Uruguay está siendo observado para que adecue su normativa interna a los estándares internacionales exigidos, comentó Carlos Fernández, de Crowe Horwath.
Uruguay permanece en una lista gris de la OCDE por ser considerado poco colaborador en materia de intercambio fiscal. Para salir de esa categoría, negoció varios acuerdos internacionales sobre traspaso de datos fiscales, sistema por el cual se busca combatir la evasión a nivel global, añadió Fernández.
Argentina propuso a Uruguay firmar un acuerdo de intercambio de información tributaria que le permitiría conocer inversiones de argentinos en este país, pero el gobierno de José Mujica rechazó la iniciativa.
Las críticas a las acciones al portador pueden retrasar la salida de Uruguay de esa lista gris, indicó Fernández.
Las sociedades anónimas uruguayas pueden estar representadas por acciones nominativas o al portador, salvo para las entidades financieras, en las que deben ser nominativas.
La transferencia de las acciones no está gravada por impuestos en Uruguay.
Ante las presiones internacionales, Uruguay prohibió a partir de 2007 la constitución de nuevas SAFI, que eran sociedades anónimas off-shore, o sea que realizan su actividad o tienen sus activos exclusivamente fuera del territorio uruguayo.
Sin embargo, la sociedad anónima local del Uruguay puede ser utilizada para realizar actividad en el exterior, dado que en la medida que no obtenga rentas o activo en Uruguay, esta exenta del pago de tributos en ese país.
La sociedad anónima local tiene la ventaja, respecto de las cuestionadas SAFI, de que no está catalogada como una sociedad off-shore, por lo que la tenencia de acciones de una sociedad uruguaya sigue siendo una pantalla para bienes no declarados de argentinos o para la ocultación de bienes ante una quiebra o un divorcio.
También son utilizadas por las empresas multinacionales para triangular operaciones de comercio exterior, ya que el envío de la mercadería se realiza directamente desde el país de origen a su destino final, no siendo necesario su pasaje por Uruguay.
Varias de las principales cerealeras argentinas son investigadas en este momento por la AFIP por haber declarado en los últimos años que no tuvieron ganancias gravadas, ya que realizaron sus exportaciones desde Uruguay con ese mecanismo.
En Uruguay es posible, y es lo que habitualmente se hace en la práctica, adquirir una sociedad ya constituida y autorizada y que no haya tenido actividad, lo cual permite a la sociedad comenzar sus actividades prácticamente de inmediato.
Las acciones representativas del capital social pueden pertenecer en su totalidad a un solo accionista. Los accionistas pueden ser personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, residentes o no en el Uruguay, y pueden actuar representados por carta poder.