Por Martín Kanenguiser - La presidenta Cristina Kirchner intentó empezar con el pie derecho la relación con la nueva jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, a través de un cordial diálogo telefónico. Esa actitud, sin embargo, no evitó el comunicado del organismo que le reclama al Gobierno rápidas reformas en las estadísticas de inflación y crecimiento económico. El diálogo, según confiaron a LA NACION fuentes fidedignas, se produjo a fines de la semana pasada, apenas tres días después del inicio de la gestión de la funcionaria francesa al frente del organismo multilateral, en reemplazo de su compatriota Dominique Strauss-Kahn.

La comunicación, al parecer, duró media hora y fue gestionada por la embajada francesa que conduce Jean-Pierre Asvazadourian. Fuentes diplomáticas francesas no negaron la gestión, pero optaron por no hacer comentarios adicionales ante una consulta de LA NACION; tampoco hubo respuesta del vocero presidencial, Alfredo Scocimarro.

La fuente detalló que la Presidenta se habría mostrado optimista por el contacto directo con la ex ministra francesa, ya que el Gobierno confiaba en que ella pudiera aliviar la negociación con el Club de París y consolidar la mejora en las relaciones, iniciada con Strauss-Kahn. Calificadas fuentes en Washington confirmaron que hubo una comunicación "entre la gerencia del FMI y las autoridades argentinas, para lograr un compromiso de trabajo conjunto en la mejora de la calidad de las series del IPC y del PBI".

Además, aunque el Gobierno convocó al FMI sólo para colaborar con la realización de un nuevo índice de precios al consumidor a nivel nacional, para ponerlo en práctica en 2013, el staff del FMI le preparó al board conducido por Lagarde un informe "relacionado con la calidad del IPC-GBA y del PBI oficiales". Ambos indicadores están bajo sospecha desde principios de 2007, tal como lo señalaron las universidades públicas convocadas por el Gobierno para realizar un informe sobre la situación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Anteayer, el directorio del FMI analizó este informe en Washington, en una reunión en la que hubo picos de tensión y una considerable demora para redactar un comunicado políticamente correcto.

Si bien el informe preparado por el FMI al Gobierno no trascendió, ayer la fuente ratificó que el organismo "tiene la visión de que la calidad de los datos reportados para ambas series en la Argentina tiene una desviación relativa a los estándares y prácticas internacionales aplicables". Es decir, al igual que varias provincias, centros de estudios afines al Gobierno y las universidades, el FMI también considera que los datos oficiales de inflación y PBI no son confiables ni cumplen con los estándares a los que están obligados los países miembros del organismo.

Tal como precisó el analista Boris Segura, del banco Nomura, el artículo VIII del FMI, referido a la calidad de las estadísticas de sus miembros, requiere que estos brinden información confiable en relación con sus cifras fiscales, balanza de pagos y precios, entre otros.

Segura indicó que aunque no hay sanciones explícitas por no cumplir con estas obligaciones, hay una connotación de name and shame, es decir, dar aviso de la infracción, con un eventual "llamado de atención" por parte del FMI. "La Argentina es el único miembro del G-20 que mantiene esta discusión con el FMI", agregó el analista de Wall Street.

Una calificada fuente con acceso a la conducción del organismo aclaró que las multas y las causas penales contra los economistas que dan a conocer cifras diferentes a las del Indec influyó en el ánimo de la reunión de anteayer, en la que se decidió esperar 180 días para evaluar los eventuales progresos.

Y si bien algunos analistas consideraron que esta prórroga reflejaba un beneficio para la Argentina, la fuente indicó que el FMI no quiere quedar como victimario en medio de un proceso electoral, lo cual podría generar un beneficio para el discurso del Gobierno y un ruido adicional en una economía que registró en el primer semestre una salida de capitales de US$ 10.000 millones.

Además, trascendió que el Gobierno presentó otro plan informal para pagarle al Club de París en un plazo de 5 años. Fuentes extranjeras indicaron que parece una idea que "puede servir para iniciar una negociación una vez que presenten una oferta" que permita saldar la deuda de unos US$ 8900 millones acumulada desde 2001. El Gobierno busca acelerar la reapertura de créditos para importar bienes de capital.

Más allá del plazo de pago, la intención de los negociadores argentinos es que el Club considere que la Argentina no incurrió en un default que requiere una reestructuración, sino en una postergación en los pagos, que ya lleva casi una década. Si se aceptara este cambio conceptual, los acreedores podrían reabrir más rápidamente líneas para fortalecer la inversión.

• US$ 8900
  Millones
  Es el monto acumulado desde 2001 de la deuda del Gobierno con los países que integran el Club de París.