Por ESTEBAN RAFELE - La Unidad de Información Financiera (UIF) se constituyó ayer como querellante en la causa penal contra 23 personas imputadas por presunto lavado de dinero a través del banco BNP Paribas. La intención oficial es que esa causa se convierta en un caso testigo para mostrarle al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) el funcionamiento de la nueva ley antilavado, afirmó un funcionario a El Cronista.
Una delegación de la UIF, el Ministerio de Justicia y el Banco Central que volvió la semana pasada de la sede central del GAFI en París con la certeza de que deberá demostrar avances en la aplicación de la ley antilavado de aquí a octubre.
Uno de los principales cuestionamientos de los técnicos del GAFI a los funcionarios radica en la aplicación de la nueva ley. Los técnicos plantearon una serie de interrogantes sobre la figura del encubrimiento y cómo cuajan los nuevos tipos penales con los ya establecidos en la legislación. El Gobierno cree que debe demostrar resultados generando doctrina y jurisprudencia en los próximos meses.
Y aquí es donde entra la megacausa contra los clientes del banco BNP Paribas. La veintena de personas acusada de lavar dinero a través de la entidad financiera entre 2002 y 2007 en el exterior puede representar un golpe de efecto para la UIF.
Están investigados en la causa, entre otros, un juez de la Nación, José Luis Monti, un hombre de la AFIP, Andrés Vázquez y el secretario de gobierno de Lomas de Zamora, José Antonio Romero. El camarista Monti falló a favor del Grupo Clarín en una causa sobre Papel Prensa; Vázquez fue el funcionario de AFIP que lideró el recordado allanamiento a Clarín, hace dos años.
Sin embargo, la interpretación legal de la UIF traerá polémica. El organismo que preside José Sbattella interpreta el autolavado como un delito continuo. Esto es: el dinero sigue produciendo un daño a la sociedad, por lo que las personas imputadas serían punibles bajo la nueva ley, que castiga el autolavado como delito penal autónomo. Como la plata sigue en el sistema, afecta al normal sistema capitalista porque compite con el dinero lícito y lleva a la ilegalidad al capital lícito, justificaron en esa dependencia.
Ese artilugio legal permitiría, para el Gobierno, aplicar la nueva ley a hechos previos a julio, cuando empezó a regir.
Distintos abogados anticiparon que esa lectura traerá problemas. En el derecho penal rige constitucionalmente un principio por el que el reo debe ser castigado de acuerdo al tipo penal más benigno. Si se sube la pena, durante el proceso, ese cambio no será aplicable para el caso en cuestión, por ejemplo. La aplicación de un nuevo tipo penal a hechos previos a los de la sanción de la ley es inconstitucional.
De todas formas, el Gobierno dará un nuevo examen ante el GAFI en septiembre. Espera mostrar avances. El encuentro clave será el 24 de octubre, un día después de la elección presidencial.