Una nueva inquietud cunde en la Unión Industrial Argentina (UIA), principalmente entre empresas medianas bonaerenses: el proyecto del diputado provincial Jorge Mancini, del Frente para la Victoria, que obliga a las firmas con 50 empleados o más a crear guarderías y consultorios para los hijos de su personal -incluidos los varones-, y tiene media sanción en la Legislatura.

La iniciativa fue aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados bonaerense. Ya ocupó, anteayer, parte de las conversaciones en la reunión de junta directiva de la UIA. Daniel Funes de Rioja, uno de los vicepresidentes de la entidad, venía advirtiendo al respecto a sus pares en las últimas semanas.

¿No les parece razonable la medida?, preguntó La Nacion ayer en el comité directivo fabril. "Sí, bueno -contestó uno de los miembros-, pero la asistencia social la tiene que hacer el Estado. Nosotros pagamos impuestos."

El proyecto dice que las empresas que tengan desde 50 trabajadores, estables o transitorios, en la provincia de Buenos Aires deberán instalar "salas cunas y guarderías infantiles para el cuidado de los hijos del personal indicado", además de un consultorio para asistencia médica y primeros auxilios de los chicos. Y advierte que las que no cumplan "serán pasibles de una multa equivalente al valor de uno a cien sueldos mínimos de la administración pública provincial por cada mes de incumplimiento. El producido de la multa se destinará a salas maternales y guarderías públicas o comunitarias".

Consultado, Funes de Rioja fue terminante. "Es irrazonable esta manera de legislar. Urge que este proyecto sea revisado en consulta con trabajadores y empleadores y, además, teniendo en cuenta que las pymes no pueden absorber obligaciones de esta naturaleza, que deberían ser resueltas por el Estado y no transferidas en forma unilateral al sector privado", dijo, y adelantó el próximo paso de la central fabril: "La UIA se dirigirá al gobierno provincial y a la Legislatura".

La primera objeción de Funes de Rioja es la que han interpuesto otros abogados laboralistas. La única norma nacional que se ocupa del tema, sostienen, es la ley de contrato de trabajo (20.744), pero tiene un alcance que fija una reglamentación que nunca fue dictada. A falta de este paso fundamental, los sindicatos han logrado introducir cláusulas de guarderías en convenios colectivos de determinados sectores, pero sólo de manera esporádica.

"Nuevas cargas"

Javier Adrogué, del estudio AM&Z Abogados, cree que la discusión debe centrarse en la regulación. "La regla indica que la ley de contrato es nacional, y la inspección, provincial. Pero, ante la falta de legislación nacional, las legislaciones provinciales pretenden avanzar sobre cuestiones que exceden su competencia. Pasa en otros rubros, como el de higiene y seguridad. Lo que deberían hacer es abocarse al cumplimiento de la norma", afirma.

El proyecto deja librados algunos aspectos a la negociación colectiva. El artículo 5°, por caso, indica que la obligación de la guardería "sólo podrá ser sustituida cuando, por un acuerdo entre su representación gremial y el empleador, debidamente homologado, se brinde el beneficio estatuido por esta ley mediante otras formas de prestación que no desnaturalicen su finalidad".

Nada de esto conforma a los empresarios. "Nos ha sorprendido esta iniciativa que, sin consulta al sector empresario, implica nuevas cargas", insistió Funes de Rioja, que enumeró sus críticas al proyecto: "A) Legisla a nivel provincial y no en el marco nacional de la ley de contrato de trabajo. B) Modifica umbrales, imponiendo esta obligación a empresas con más de 50 trabajadores, afectando a las pymes en forma directa. C) Las salas de cada establecimiento no son sólo para hijas de trabajadoras, sino también de trabajadores, con lo que se agravan obligaciones. D) Se obliga a la empresa a servicios adicionales que no sólo implican costo, sino también responsabilidad"..