Las explicaciones dadas anteayer ante la Corte Suprema por el director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Diego Bossio, respecto de la imposibilidad de hacer frente a una eventual sentencia que disponga un reajuste masivo de haberes jubilatorios, provocaron expresiones de rechazo y también advertencias por la creciente deuda que, aún sin contabilizar, va acumulando el Estado por la incorrecta liquidación de haberes.

Según se supo, en el encuentro que mantuvo con los jueces a puertas cerradas -pese a que la Anses es la parte demandada-, Bossio sostuvo que aplicar el fallo Badaro a todos los jubilados que están en condiciones de recibir el ajuste significaría una erogación de $ 14.000 millones por año, y se refirió a la imposibilidad de afrontar tal costo, al que sumó retroactivos por $ 28.000 millones.

De acuerdo con lo dispuesto por la Corte en el fallo Badaro, de 2007, los haberes debieron haberse ajustado, entre 2002 y 2006, en igual magnitud que los salarios de los trabajadores activos, lo que da un 88,5%. Como en esos años el Gobierno tuvo una política discrecional de subas, cientos de miles de pasivos sufrieron una fuerte pérdida de poder adquisitivo por efecto de la inflación.

La distorsión no fue corregida por la ley de movilidad. Y la Defensoría del Pueblo de la Nación elevó una demanda para que se le reconozca su derecho a representar a todos los jubilados afectados -al menos unos 300.000- y para que se dicte un fallo colectivo, que provocaría un reajuste generalizado de haberes según el criterio establecido, evitando que cada jubilado deba recurrir a la Justicia. Fue en el marco de ese reclamo que la Corte le pidió a la Anses un informe sobre la judicialidad, y al enviarlo, Bossio pidió una entrevista.

"Entendemos que la Corte evalúe los números, pero nos parece fundamental la actualización de haberes de los jubilados que quedaron en una situación injusta", dijo ayer a La Nacion Anselmo Sella, adjunto de defensor del pueblo (hoy a cargo de ese organismo). Agregó que, al ser una cuestión con efectos de magnitud, "no se puede criticar" que los magistrados se interioricen sobre los efectos, "pero eso no quiere decir que no se deba dictar el fallo".

Sella aclaró que lo reclamado por la Defensoría se refiere a la actualización de los haberes mensuales y no al pago de los retroactivos.

En tanto, el ombudsman de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, se mostró "sorprendido" por la información surgida ayer tras la reunión entre Bossio y los jueces, y recordó que "las incorrectas liquidaciones y ajustes son producto de que el Estado paga mal". "Esto es grave para con quienes están reclamando, pero también es gravísimo para con el Estado de Derecho", consideró.

Para el juez Luis Herrero, vocal de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, el argumento de Bossio de que no hay dinero suficiente "es la exhumación del argumento de excepción [de pagos] por falta de recursos", que ese organismo ya había expresado en 1997 y que provocó el rechazo de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional que se habilitara a la Anses a no abonar lo debido por una aludida falta de recursos.

Fondo de garantía

El magistrado recordó que, normativamente, los recursos del fondo de garantía del sistema de reparto, -hay allí unos $ 184.900 millones al 30 de abril- no deberían utilizarse más que para pagar obligaciones del Estado con los jubilados y que sólo pueden ser invertidos los excedentes. "Si hay una deuda, entonces no hay excedentes", consideró el juez.

Desde el costado económico, el jefe del Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina (Idesa), consideró que la situación del sistema jubilatorio va a "condicionar" a las futuras gestiones de gobierno, por el peso de la deuda en formación. Advirtió que existe "un doble problema", ya que a los masivos juicios se suma el hecho de las jubilaciones otorgadas a personas que no aportaron. Se refirió de esta manera a las prestaciones dadas por los planes de moratoria, sobre la que el Gobierno nunca hizo una estimación de costos..