Por Nelson Fernández - MONTEVIDEO.- Uruguay comienza a resignarse a que tendrá que llegar a algún tipo de acuerdo de intercambio de información tributaria con la Argentina, pero las autoridades buscan que ese proceso sea gradual, prudente y no exponga al país a problemas con inversores de ese país. "Cuidar al país y también cuidar a los argentinos que vienen a Uruguay a invertir", dijo una fuente oficial cuando LA NACION preguntó sobre lo que hará el gobierno de José Mujica para responder a la presión de la Argentina en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para que Uruguay acceda a intercambiar información tributaria.

Mujica ha dado instrucciones de preservar un buen clima político con el gobierno de Cristina Kirchner y mucho menos dar argumentos para el debate electoral argentino. Es por eso que aun cuando hay temas que generan malestar en Uruguay se opta por el silencio.

En los últimos días, el gobierno recibió un informe preocupante de su principal asesor en materia tributaria, el ex director de Rentas Nelson Hernández. Al retornar de una reunión de la OCDE en París, la misión uruguaya reportó al Ministerio de Economía y Finanzas que el resultado no era satisfactorio para los intereses del país y que había que trabajar sobre nuevas coordenadas. Los delegados transmitieron los cuestionamientos que hizo la OCDE sobre el régimen de acciones al portador y respecto de la resistencia uruguaya de intercambiar datos fiscales con Argentina.

"No podemos responder que la Argentina hace un uso político de ese tema, que no genera confianza en el tratamiento de información ni garantías para los contribuyentes", y por eso se hace cuesta arriba "dar argumentos de por qué firmamos acuerdos con países lejanos y no con un vecino", dijo una de las fuentes consultadas.

La administración uruguaya es auditada por el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con Fines Tributarios, mediante un régimen de "revisión de pares" que cumple dos fases. Una es la revisión del marco jurídico, y otra, sobre el cumplimiento efectivo de las normas. En la primera etapa se estableció el estudio de tres temas de la legislación: la disponibilidad de la información, el acceso de datos y las listas de intercambio de información con otros países.

En la "lista gris"

En abril de 2009, en plena campaña electoral, Uruguay quedó mal posicionado dentro de una lista de países que adherían o no a los estándares internacionales. Sin quedar en la "lista negra" de los no adherentes, el Estado uruguayo fue situado en un espacio "gris", junto a países que habían asumido un compromiso con el estándar de intercambio de información tributaria de la OCDE pero que no lo habían llevado a cabo.

En la consideración de esta organización, Uruguay presenta flancos en dos de los tres temas a considerar. En "acceso a la información", el país tiene registros que son considerados confiables y la información de cada contribuyente es accesible. Pero en "disponibilidad de información", tiene el régimen de acciones al portador, que es visto como un problema para acceder a datos de los contribuyentes. Y en "intercambio de información", Uruguay venía acelerando su plan de acuerdos con otros países para llegar a los doce requeridos, pero en París se encontró con un cambio de criterio que complica su accionar.

La delegación transmitió a las autoridades que ya no alcanza con acuerdos con doce países para demostrar una lista considerable de tratados de intercambio, sino que para cumplir no puede rehusarse a un acuerdo con países que sean "contrapartes relevantes", como sería la Argentina.

Para fin de mes se espera un dictamen de la OCDE sobre el caso y se sabrá si Uruguay puede salir de la "lista gris" por el avance de acuerdos de intercambio por información. Pero debido a las conversaciones de los últimos días, parece claro que podría exigírsele aceptar un planteo argentino para un acuerdo de intercambio de información.

El caso está en la Asesoría Tributaria de Economía y las autoridades quieren manejarse con dos criterios: demostrar voluntad de transparencia y proteger a los inversores extranjeros, sin que eso se vea como un paraguas para evasores impositivos. Las autoridades sostienen que aunque haya un tratado de intercambio de información se cuidará que cualquier mecanismo no implique "abrir las cuentas para mostrar todo lo que tiene cada uno", en referencia a contribuyentes argentinos.