Por DOLORES OLVEIRA .- Raúl Plee, fiscal de la Cámara de Casación Penal que está a cargo de la oficina contra el lavado de dinero, señaló que desde que se creó la Unidad de Información Financiera (UIF) hasta el presente sólo hubo 5 condenas y 2 probations por estos delitos, al tiempo que aseguró que la Argentina todavía no está libre del peligro de ser incluida en una lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) si no mejoran los resultados.
Plee disertó en el marco del 13º Congreso Tributario del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad de Buenos Aires.
De los miles de reportes de operaciones sospechosas que recibe la UIF, comentó Plee, 649 expedientes pasaron a su fiscalía desde 2006, y él impulsó personalmente 9 causas, de las cuales 2 están en secreto de sumario y una es muy grande.
Del resto, sólo 73 quedaron en el Poder Judicial como posibles casos de lavado de dinero. Cinco fueron devueltos a la UIF para que continuara el análisis y 174 fueron enviados a diversos juzgados para que se investiguen los delitos conexos. Otros 21 fueron a manos de diversos fiscales para que continuaran la acción penal. De 142 casos que se denunciaron por otro delito el 50% estaba relacionado con la evasión impositiva. Por último, 225 denuncias más de la tercera parte fueron archivadas.
Frente a un numeroso auditorio de contadores, Plee dijo que todos estos profesionales deberían ser sujetos obligados a emitir reportes de operaciones sospechosas (ROS), y no solamente los que actúan como auditores y síndicos de sociedades. Esta limitación fue obtenida en la reglamentación de la UIF por la acción de los Consejos que los nuclean.
También polemizo sobre el hecho de que la legislación argentina considere como delito precedente del lavado de dinero a la evasión fiscal.
Los profesionales en ciencias económicas consideran que el país se extralimitó al incluir la evasión como delito precedente en la legislación antilavado.
Sin embargo, Plee subrayó que en la Argentina la gravedad del delito se establece por el monto de la pena y que la evasión fiscal merece cárcel por 10 años mientras que por estafa sólo se cumplen 6 años de prisión.
En otro orden, Plee recordó que en la actual legislación sufrirán persecución por el delito de lavado no sólo las personas físicas sino también las empresas bancos, casas de cambio y otras que participen en las maniobras, pero no dice nada de que se requiera que esa participación haya sido dolosa para que puedan recibir sanciones; basta con la mera participación.