Por ESTEBAN RAFELE - Con la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) próxima en el calendario, el Gobierno apura medidas para enfrentar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, con el objetivo de salir de la lista de monitoreo intensivo en la que permanece desde junio pasado.
El Ejecutivo publicó ayer en el Boletín Oficial la resolución 165, que creó el Programa Nacional de Monitoreo de la Implementación de Políticas para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo. El ente será presidido por el Ministerio de Justicia, que comanda Julio Alak, e integrado por representantes de organismos de inteligencia, de regulación y supervisión financiera, de ministerios y demás dependencias públicas. Tendrá como objetivo seguir de cerca las normas antilavado que dicte el Congreso y su aplicación, con la intención de fiscalizar su funcionamiento.
Esa comisión se suma a los cambios en materia penal que impulsó el Gobierno el jueves pasado, y que llegaron al Congreso al día siguiente. Uno de los proyectos impulsa cambios en el Código Penal para duplicar las penas de los delitos cuando éstos se consideren efectuados con fines terroristas, según las definiciones a las que el país suscribió al firmar convenios internacionales. Así, se considera terrorismo aterrorizar a la población y acciones extorsivas a gobiernos nacionales o extranjeros, pero no la protesta social.
Fuentes oficiales indicaron que estos cambios penales eran uno de los dos grandes reclamos del GAFI, junto con la ley contra el lavado de activos votada en junio. Hoy cumplimos con el 80% de los requerimientos del GAFI, afirmó un funcionario al término de un seminario organizado por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Universidad de San Martín, orientado a técnicos de dependencias públicas. Otro cambio que el Gobierno llevará al GAFI es el otorgamiento de facultades a los jueces para decomisar sin sentencias condenatorias.
Además, mostrarán los nuevos tipos penales que alcanzan el uso de información privilegiada en los mercados de capitales, dentro del título Delitos contra el orden económico. Según indicó el vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores, Hernán Fardi, la manipulación de información y la de valores tendrán penas de entre 2 y 4 años. Para la captación indebida de ahorros públicos, el castigo de prisión llegará a los 8 años. El cohecho financiero será penado con entre 2 y 6 años y para todos estos delitos se prevén multas e inhabilitaciones. Además, se incorpora la persecución penal de personas jurídicas al Código.
Estos proyectos deberán ser debatidos en el Congreso, donde los diputados del entente Pro-PJ Federal, Federico Pinedo y Gustavo Ferrari, llevarán sus propios proyectos de ley.
Funcionarios del Ejecutivo confían en que con esta batería de medidas, pasarán la evaluación del GAFI, que comienza el próximo 24 en París. El Gobierno presentó un plan de acción con miras a junio de 2012 y se comprometió en llegar a la reunión de la semana que viene con borradores de proyectos para profundizar la persecución al terrorismo. No vamos con borradores, llevamos proyectos que la Presidenta presentó al Congreso, se envalentonó uno de los que representará a Argentina ante el GAFI.
Ayer, el presidente de la UIF, José Sbattella, pidió la colaboración de los actores privados. No hay forma de derrotar un delito global como las mafias o el narcotráfico sin el funcionamiento del sistema colectivo, dijo. En tanto, el titular de la Sigen, Daniel Reposo, destacó que hay una política de fortalecer la gestión de estos organismos y dotarlos de recursos.