Una de dos: o ayer fue una jornada de trabajo intensa y ardua para reglamentar lo que se anunció o, por el contrario, fue un día en el que se sentaron a pensar cómo lograrán pasar del anuncio al hecho. Nada se supo de cómo se instrumentarán las tarifas diferenciales de agua, gas y electricidad que pagarán algunos sectores, como bancos, financieras y compañías de seguros; juegos de azar, petroleras y mineras; aeropuertos y terminales portuarias, y empresas de telefonía celular.

Más aún, pasado el optimismo del anuncio y puestos a pensar en cómo se llevará adelante, varios ejecutivos de empresas relacionadas con estos servicios públicos no lograban entender cómo se llevará a cabo la instrumentación de la medida con la que el Estado intenta ahorrar alrededor de 600 millones de pesos.

Un especialista en regulación económica que asesora a varias empresas de servicios públicos se preguntaba ayer cómo hará el Gobierno para lograr que empresas que operan en todo el país, como bancos, compañías de seguro o juegos de azar, paguen otra tarifa diferencial en todas las provincias. "El gobierno nacional podría disponer que en la Capital o el Gran Buenos Aires, en algunos casos, paguen otra tarifa. Pero en las provincias la Nación no tiene jurisdicción. Los casinos, por ejemplo, operan en todo el país. ¿Cómo va a hacer el Gobierno para que una empresa pague más el agua que consume en Misiones o Río Gallegos si allí no tiene jurisdicción?", se preguntaba, meneando la cabeza, el hombre.

Pues si lo quisiera hacer, debería lograr el visto bueno de quien tenga la concesión de un determinado servicio. En el interior, muchas de estas prestaciones las brindan empresas privadas, estatales y hasta cooperativas. Por caso, para que los casinos que operan en Pinamar paguen otra tarifa se debería hablar con la cooperativa que presta el servicio. En el caso del agua, la Nación sólo tiene jurisdicción para determinar precios y políticas de Aguas y Saneamiento (AySA) que presta servicio en la Capital Federal y en 24 partidos bonaerenses. Todo lo demás está en manos de provincias y municipios. Y así se podría seguir con innumerables casos.

Lo mismo sucede para los servicios de electricidad y de gas. Lo que está subsidiado no es el consumo directo de una determinada empresa, sino que el aporte del Estado se destina a solventar un tremendo déficit operativo que tiene el conjunto del sistema energético argentino.

En una empresa de servicios públicos del área energética ayer esperaban instrucciones sobre cómo hacer para facturar a las compañías que desde anteayer, y según el anuncio del Gobierno, pagarán otro valor.

"Deberían identificarnos cada una de las empresas, con su razón social, como para poder facturar en forma distinta. De cualquier manera, ese dinero excedente respecto de lo que se paga ahora debería ir a la Nación. Por lo tanto, se tendría que crear otro cargo específico", agregó.

Actualmente, los grandes consumidores y ciertos usuarios domiciliarios con un consumo alto ya tienen en sus facturas un cargo específico que creó el Gobierno en 2008 con el fin de solventar la compra de combustibles alternativos en el exterior. Varios esperan que aparezca otro.

En los entes reguladores, por caso, ayer tampoco hubo novedades. De cualquier manera, en caso de avanzar con la reglamentación de las medidas, el paso por los entes será inevitable si lo que se busca es modificar el actual esquema de tarifas..