Por ESTEBAN RAFELE - Con un extraordinario sentido del timming político, la jueza federal María Romilda Servini de Cubría citó ayer a indagatoria a presidentes de casas de cambio por la presunta participación en la venta de dólares a coleros, en una causa que se remonta a mayo de 2008. En paralelo, un juez federal de Quilmes rechazó una medida cautelar de una jubilada que quería comprar dólares y consideró que la medida de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que dispone la autorización previa a la operatoria no constituye un comportamiento manifiestamente arbitrario o ilegal.
Servini de Cubría citó a indagatoria a los presidentes de Banco Piano (Arturo Piano); Cambio Perseo Bolsa y Turismo (Carlos Mateu); Antonio Di Giorgio (Eduardo Roig); Italtur (Hugo Paz) y París Cambio (Carlos Reynier). La jueza reflotó una vieja denuncia del Banco Central, de mayo de 2008, por lavado de dinero, asociación ilícita y encubrimiento.
En la denuncia, el Central dijo haber detectado en los meses previos un incremento significativo en la cantidad y volumen de transacciones de venta de dólares, por montos no superiores a los $ 10.000, lo que evitaría la intervención del Fisco.
El BCRA entendió que esos movimientos fueron injustificados y que revelaban la realización de operaciones no genuinas, en el sentido que se utiliza a un tercero para encubrir la identidad y mantiene en el anonimato al real comprador, según difundió Télam.
Fuentes oficiales despegaron al Gobierno del sentido de oportunidad que mostró Servini de Cubría al reactivar esta causa justo en momentos en que el Ejecutivo cerca la venta de dólares para, según dice, erradicar a los coleros, que sacan dólares del sistema formal para ubicarlos en el mercado negro.
En tanto, el juez federal de Quilmes Luis Armella rechazó una cautelar interpuesta por la jubilada Justa Ruperez, de 87 años, quien consideró que las restricciones de la AFIP y el Banco Central a la compra de dólares violan los derechos de igualdad, ante la ley y de propiedad privada. La jubilada patrocinada por el candidato a intendente de Pro en ese partido Miguel Nunzio quiso adquirir u$s 1.700.
El juez consideró que no surge, en este estado del proceso, la existencia de un accionar o un comportamiento manifiestamente arbitrario o ilegal. Y agregó que la amparista no ha adjuntado elemento probatorio alguno que acredite, en este estado del proceso, los hechos que invoca.