Por PABLO FERNÁNDEZ BLANCO - Lejos de la molestia que pueden experimentar los usuarios de luz, gas y agua de clase media, que verán sus facturas incrementadas entre enero y febrero, la quita de subsidios que puso en marcha el Gobierno comenzó a alterar la fisonomía del mundo empresario, a tal punto que compañías de primera línea, con fuerte gravitación en la economía nacional, iniciaron el camino para renegociar contratos.
El punto de mayor tensión tiene lugar en el sector energético. La semana pasada, Pan American Energy (PAE), la segunda petrolera del país después de YPF (abastece un 12,5% del gas local según datos de septiembre), le envío una notificación a TGS (la empresa encargada de transportar el gas en la zona sur y centro del país) en la que reclama sentarse a negociar nuevas condiciones, según reconocieron conocedores del texto, debido a los cambios en la situación general del negocio a partir de la quita de subsidios.
La misma operatoria repitió con Refinor, la empresa de YPF y Petrobras instalada en Salta.
Las notificaciones fueron un balde de agua fría para toda la cadena de abastecimiento relacionada, aguas abajo, con el mercado de gas. Sucede que las terminales Cerri, de TGS, y la planta de Refinor, extraen los componentes líquidos del gas (etano y propano) que proveen PAE y otras petroleras.
Luego se utilizan en la producción de insumos petroquímicos (alimentan, por caso, al Polo Petroquímico de Bahía Blanca, uno de los complejos industriales más importantes del país) y en el llenado de garrafas y tubos de gas.
Una tarea similar realiza Mega, otra empresa emplazada en Bahía Blanca.
Dos son los temores que asaltaron al sector privado: por un lado, que el resto de las petroleras, como YPF, Pluspetrol o Petrobras, entre otras, intenten seguir el mismo camino de renegociación que PAE. Y en segundo lugar que esas empresas, por una cuestión de conveniencia comercial, decidan retirar esa oferta del mercado y volcarla al consumo residencial.
Fuentes al tanto de las negociaciones, sin embargo, sostuvieron que esa alternativa, que desabastecería a la industria, no está entre las previsiones de la empresa de los Bulgheroni y la china CNOCC.
Las fuentes sostienen que PAE reclamó a las empresas de la cadena de valor compartir los cambios en la estructura de costos y precios, algo que está establecido en los convenios. Es decir, sentarse a negociar nuevas condiciones de continuidad de la operación.
De acuerdo con la interpretación que hacen en el sector privado, las empresas productoras de GLP (como TGS, Mega y Refinor) deberían pagar, con el nuevo esquema que surge tras la quita de subsidios a partir del 1º de diciembre, $ 0,405 por metro cúbico (m3), contra los $ 0,05 que desembolsaban hasta noviembre. En otros términos, cada 1.000 m3 el valor en dólares se multiplicará por 10 en dólares, hasta u$s 90.
En una de las compañías afectadas apuntaron que la quita de subsidios, como se implementó, no es el retiro de una subvención, sino la imposición de un nuevo cargo.