Pero sobre todo, fuera del oficialismo se sospecha que con el proyecto de ley ya aprobado por Diputados, el Gobierno prepara el terreno para sembrar el temor entre la población frente a lo que consideran inminente: cierta convulsión social como derivación de, dicen, un ajuste económico que se tornaría inevitable . De ahí también las acusaciones de que este proyecto de ley busca ni más ni menos que criminalizar la protesta social.

El disparador de estas advertencias fueron las declaraciones del jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, en el sentido de que la ley que agrava las penas para quien procure financiamiento para actividades terroristas “permitiría” a un juez “caracterizar una corrida de la moneda con ánimo de desestabilizar un gobierno y voltearlo como terrorismo”.

Al respecto opinaron tres ex presidentes del Banco Central.

El diputado Alfonso Prat-Gay (CC), por ejemplo, está convencido de que la ley es un instrumento más para perseguir a grupos o sectores considerados “enemigos” por el Gobierno. “Con esta ley le apuntan a los compradores de dólares, así como con la ley de papel de diarios buscan arrinconar a los medios independientes, y con la ley que elimina al Renatre presionar a los sindicatos”.

Martín Redrado acusó al oficialismo de “ hacer política económica con el miedo ”. Y dijo que pensar que comprar mil o dos mil dólares es un acto terrorista muestra que el Gobierno tiene “una gran confusión para atacar el problema cambiario que tiene La Argentina”. Al Gobierno le están faltando dólares desde hace un tiempo y por lo tanto se está manejando con todo tipo de excusas y argumentos que están asustando a la gente”, agregó Aldo Pignanelli dijo: “Parece ser bastante grave la propuesta”, pero “hay que ver cómo se tipifica el delito”.

También habló el diputado nacional Claudio Lozano (FAP). Estimó que el paralelismo que pretende trazar el Gobierno entre una corrida cambiaria y el terrorismo apunta a “ disciplinar la protesta social en un 2012 que va a tener menor crecimiento económico y mayores problemas”.

Hermes Binner, principal referente del FAP, se sumó a la polémica: “Sabemos que la norma ha sido recomendada por el GAFI, pero si se trata de hacer un mayor control para combatir el lavado de dinero, no hace falta una ley que viole el principio de legalidad y las garantías procesales . En vez de tener una norma antilavado, tenemos una herramienta para reprimir los reclamos sociales” Por su lado, Francisco de Narváez sentenció: “El kirchnerismo va a hacer un ajuste económico en los próximos meses y está preparando el terreno para poder amedrentar y atemorizar, es por eso lo que han hecho con Papel Prensa: quieren controlar el relato, que cada vez coincide menos con la realidad”.

Desde el oficialismo salió a responder el diputado y apoderado nacional del PJ, Jorge Landau, quien pidió aguardar, porque si bien “en abstracto es para asustar a la gente”, la norma no busca “perseguir” al ciudadano común.

“Lo cierto es que no es para poner presos a los ‘arbolitos’ por formar parte de una conspiración . Lo que se busca es que sea el Estado el que arbitra respecto del tipo de cambio o el comercio exterior y no los particulares a través de golpes especulativos”, afirmó.

El proyecto oficial que ya está en el Senado castiga el financiamiento al terrorismo y crea el delito bursátil con penas de prisión, con el objetivo de “reprimir y prevenir las actividades que ponen en riesgo transparencia bursátil y el sistema financiero nacional”.