Por IGNACIO OLIVERA DOLL - La Unidad de Información Financiera (UIF) dejó lista para publicar en el Boletín Oficial la nueva resolución que especificará y sumará controles al lavado de dinero para las emisoras de tarjetas de crédito. La norma pretenderá perfeccionar la que ya fue sancionada en febrero pasado, con las modificaciones que se le fueron realizando en las distintas rondas de diálogo que se establecieron con los principales actores del mercado.
Según precisaron fuentes oficiales a El Cronista, el organismo incorporará estos días tres cuestiones clave. La primera, una exigencia a las emisoras de tarjetas de crédito para que redoblen sus esfuerzos en armar un legajo detallado de sus clientes y pidan la información adicional que consideren necesaria para identificarlos.
Se sacan el monto a partir del cual las compañías estaban obligadas a reportar las operaciones sospechosas. Y ahora el sujeto obligado deberá definir un perfil del cliente, que tenga toda la documentación que considere necesaria para estar seguro de su identificación, explicó una fuente del organismo. Esto incluye, además de sus datos personales, una copia de su DNI y declaración jurada que indique expresamente si es una Persona Política Expuesta (jueces, políticos, sindicalistas o dirigentes empresarios).
La segunda cuestión será establecer un nuevo plazo de 150 días (el anterior era de 30 días) para reportar una operación sospechosa, tal como quedó establecido en la nueva ley anti lavado de dinero que fue sancionada en junio pasado en el Ceongreso. Y la tercera, una actualización del cronograma acordado con los actores del sector para la presentación de los legajos de sus clientes. Hubo un fuerte diálogo con los actores. Tuvimos reuniones con la gente afectada y se acordaron las modificaciones de acuerdo con sus reclamos, contó una fuente de la Unidad de Información Financiera.
La UIF tipifica operaciones inusuales (aisladas) y sospechosas (cuando hay elementos para dudar de esos hechos aislados). Estas últimas incluyen, en el caso de los usuarios de tarjetas de crédito, la alta concentración, sin causa aparente, de compras de un usuario en un mismo establecimiento adherido, por montos significativos, y situaciones en las que el cliente trate con países o jurisdicciones declarados paraísos fiscales por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).