Por ESTEBAN RAFELE - El Gobierno dispuso ayer una resignación presupuestaria de unos $ 3.800 millones para cubrir subsidios en los servicios públicos, realizar obras y atender gastos corrientes de la administración pública. El “gran benefactor” fue un fondo destinado a financiar a las provincias, que cedió casi $ 3.500 millones. Unos $ 2.000 millones fueron destinados a subsidios.
Así surge de la decisión administrativa (DA) 19/2011, publicada ayer en el Boletín oficial, con las firmas del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino.
Como suele suceder, el gran protagonista de la redistribución de los recursos fue el Ministerio de Planificación que conduce Julio De Vido. Esa cartera controla la asignación de subsidios a las empresas privadas de servicios y tiene a su cargo a la Dirección de Vialidad Nacional, que recibió $ 602,1 millones extras para obras y gastos administrativos. La mayor parte del dinero girado a Vialidad tiene como destino mejoras en rutas de todo el país.
Según el texto oficial, el Gobierno asignó otros $ 900 millones a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), “a los fines de permitir el normal abastecimiento del sector energético”. Según datos compilados por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), la empresa que administra la electricidad devengó subsidios por $ 22.004,1 millones hasta el 31 de noviembre, o un 88% más que en 2010.
A su vez, el Gobierno destinó $ 188,1 millones al sistema de ferrocarriles. La mayor parte de ese dinero fue a subsidiar al Ferrocarril General Belgrano. Otros $ 650 millones fueron al transporte automotor. Esas cifras se suman a los $ 18.874,2 millones de subsidios que lleva devengados el sistema de transporte. Los envíos superan en un 64% a los de los primeros once meses de 2010.
Aerolíneas Argentinas recibió otra inyección de $ 243 millones (ver página 18) y en lo que va del año totaliza subsidios por $ 3.084,4 millones.
Otras empresas públicas que recibieron dosis extras de dinero fueron la Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) ($ 230 millones), Enarsa (102 millones), Ar-Sat ($ 150 millones), el Ente Nacional Yacyretá ($ 100 millones), Yacimientos Carboníferos de Río Turbio ($ 130 millones) y Nucleoeléctrica S.A. ($ 250 millones).
Esta suculenta reasignación presupuestaria es un clásico de cada fin de año. “Quitan recursos donde sobran créditos y dan a donde faltan”, explicó Marcos Makon, presidente de ASAP. “Es una regularización del gasto”, afirmó. Si esa reacomodación de dinero implica “subir” erogaciones que estaban previstas debajo de la línea, implican un deterioro del resultado financiero presupuestado.
El dinero para financiar estos gastos salió en gran parte del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP), al que le quitaron $ 3.492,9 millones. El FFDP tenía como objetivo refinanciar deudas de las provincias. De allí salen los Programas de Asistencia Financiera (PAF) que riegan y llevan alivio a los distritos subnacionales.
La prórroga del presupuesto 2010 a este año dejó esa caja con $ 12.000 millones disponibles, a pesar de que el Programa del Bicentenario refinanció las deudas provinciales y dio dos años de gracia para pagar.
Un fondo similar, llamado “Programa de Sustentabilidad de las Provincias”, prevé erogaciones por $ 15.000 millones para 2012. Las provincias deberán empezar a pagar sus deudas con la Nación, aunque los gobernadores reclaman un nuevo refinanciamiento.