El gobierno de Uruguay comenzará a verificar los datos de quienes compren inmuebles por un valor superior a los u$s 100 mil. Se estableció que los agentes inmobiliarios, los rematadores y los escribanos que participen en estas operaciones deberán remitir la información de los compradores al Banco Central de ese país. Se trata de una medida destinada a cumplir los requerimientos del GAFI y para prevenir el lavado de dinero.
El gobierno de Uruguay oficializó el pasado 10 de diciembre un decreto que establece mayores controles para las operaciones inmobiliarias que superen los u$s 100 mil. Según informó el portal Infobae, los nuevos requisitos entraron en vigencia a través del decreto 355/010, reglamentario de la Ley 18.494 que se aprobó en 2009 para avanzar con las recomendaciones del GAFI, que en uno de sus recientes informes advirtió que al igual que otros países de la región, Uruguay se encuentra expuesto a las actividades de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Iniciativas

El GAFI destacó las iniciativas que se plantearon en la mencionada ley, en la que no sólo se establecen obligaciones a las inmobiliarias sino también para otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles, como los escribanos (cuando participan en ciertas operaciones entre las que se incluyen la compra-venta) y a los rematadores.
El gobierno de José Mujica en Uruguay está sujeto a las presiones del GAFI porque por el secreto bancario tiene una estructura financiera más propicia a maniobras de lavado de dinero.