Por Emiliano Galli - "Olvídense de las importaciones." Literal o figurada, la declaración adjudicada al jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, frente a operadores de comercio exterior, despachantes y aduaneros en un brindis de fin de año en la Aduana se materializó en la resolución general 3252/12, publicada ayer en el Boletín Oficial.

El Gobierno obligará a presentar declaraciones juradas frente a la intención de importar. Es decir, sólo podrá cursarse una orden de compra al exterior si antes se avisó al Ejecutivo. Esas declaraciones serán sujetas al pronunciamiento de "organismos" (no dice cuáles) en un lapso de tiempo (no dice cuánto). El importador deberá esperar el veredicto: si hay observaciones, deberá proceder a su regularización; si hay luz verde, podrá proceder a tramitar la compra en el exterior.

La norma lleva la firma de Ricardo Echegaray. El autor intelectual es Guillermo Moreno. En la práctica, la acción (hasta ahora decisión) privada de abastecerse de insumos en el exterior se transformó en una cuestión de Estado, en una resolución de carácter oficial.

El mayor control -que complementa el existente con las licencias no automáticas, y lo perfecciona, al ampliar el abanico de "policías" de importación a un número indeterminado de organismos- deposita toda su eficacia en el factor tiempo: la demora en su tramitación operará, estiman, como un desincentivo a la importación. Porque, en última instancia, el negocio muchas veces depende de liquidaciones o promociones que llegan del exterior y de cambios de temporadas donde las decisiones de compra deben ser inmediatas.

La burocracia se transforma así en la herramienta clave para lograr más controles, objetivo manifiesto que oculta el fin último: evitar la fuga de divisas y un probable déficit comercial que asuela con los signos regionales de la crisis global, y una menor recaudación ante la baja de los precios de las commodities y los efectos de la sequía en los rindes agrícolas.

La norma no distingue productos. No habla, como en el caso de las licencias, de proteger sectores sensibles. No persigue la reactivación de la industria nacional, la reconversión de sectores a través de inversiones subsidiadas ni la sustitución de importaciones. Nada de esto aparece en los considerandos. La resolución abarca todas las importaciones destinadas a consumo, desde productos terminados hasta insumos y bienes intermedios para la industria. De esta manera, se prevé una acumulación desmesurada de declaraciones juradas de importación sobre las cuales un número limitado de funcionarios (pertenecientes a organismos que suman una nueva tarea a sus funciones) deberán pronunciarse y realizar observaciones.

Es de esperar que la AFIP publique anexos e instructivos y ponga online el micrositio sobre el que se deberán cargar las declaraciones juradas anticipadas de importación, como advierte la norma. LA NACION intentó sin éxito obtener más detalles en la AFIP.

Según trascendió, el Gobierno se centraría en importadores con operaciones anuales superiores a los US$ 500.000, que deberán enviar un correo electrónico consignando su "nota de pedido", es decir, el permiso para comprar en el exterior. Sólo lo que el Gobierno quiera.