Por Martín Kanenguiser - Hace cinco años comenzaban las sospechas sobre las estadísticas oficiales de inflación, cuando el Gobierno, al no tolerar que el índice de precios al consumidor (IPC) registrara una suba del 2,1% mensual, decidió informar una suba cercana a la mitad de esa cifra.

Desde entonces, el Gobierno se jacta de haberse ahorrado dinero por el pago de los bonos que emitió con ajuste por CER, pero acumula una serie de costos tangibles -el aumento del costo del endeudamiento y la ausencia de un indicador creíble para la discusión salarial- y otros indirectos -fuga de capitales, escasa atracción de inversión extranjera directa y tensiones con organismos multilaterales-.

Para realizar un balance de este quinquenio de distorsiones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) que investiga -lentamente- la Justicia, LA NACION consultó a un grupo de expertos. No fue sencillo conseguir testimonios con nombre y apellido ante el temor que produce el renovado poder del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, artífice de estos cuestionados cambios a las estadísticas oficiales.

Mientras la conducción del Indec, que lidera Ana Edwin, prepara el nuevo IPC nacional para 2013 para calmar las críticas del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la confiabilidad de los datos oficiales, la mayoría de los entrevistados sugirió que difícilmente se repare el daño registrado desde hace cinco años.

La excepción fue el economista de la corriente oficialista La Gran Makro, Agustín D'Atellis, quien relativizó las críticas al Indec, lanzadas incluso desde la CGT y de centros de estudios ligados al oficialismo (como el del virtual viceministro de Economía, Axel Kicillof, la CTA de Hugo Yasky, el CELS o la consultora Equis, de Artemio López).

Desde Canadá, el experto en estadísticas Jacob Ryten dijo que si el Gobierno puede mantener su estrategia es porque "el único organismo que puede monitorear a la Argentina es el FMI, que está más interesado en crear un mejor clima después del default que en mejorar la transparencia de las estadísticas". También los trabajadores del Indec agrupados en ATE expresaron sus críticas al aporte del Fondo, en una declaración para esta nota: "Como decimos desde 2007, el problema con el IPC no es metodológico, sino de manipulación de las cifras. Por lo tanto, no se resuelve con asesoramiento internacional sino con decisiones políticas. Por otro lado, el FMI no es un organismo con experiencia en la elaboración de este tipo de estadísticas, por lo que su asesoramiento y/o presión persigue, seguramente, otros fines".

Los otros organismos que se ocuparon fueron el comité económico y social de las Naciones Unidas -con un fuerte cuestionamiento en sus últimos documentos anuales a la divergencia entre los datos nacionales y provinciales- y el Instituto Internacional de Estadísticas. En la Argentina, según Ryten, "las universidades no fueron enérgicas para criticar al Indec", en el documento que prepararon a pedido del Gobierno a fines de 2010.

En términos de los costos, Ryten dijo que la falta de credibilidad afecta el ingreso de inversión extranjera directa, a lo que Federico Bragagnolo, de la consultora Econviews, agregó otros elementos registrados desde 2007: el salto en el costo de la deuda argentina frente a otros países de la región, el aumento artificial de los pagos por el cupón ligado al PBI y la falta de un ancla nominal para moderar tanto la suba de los precios minoristas como las discusiones salariales. El ex director del Indec Víctor Beker agregó el "escandaloso" encubrimiento de la cantidad de pobres e indigentes, que hasta la CTA oficialista y Equis ubican cerca del 20%, frente al 8% del Indec.

"El número de hogares beneficiarios de la asignación universal por hijo excede el número de pobres que calcula el Indec", aclaró Beker.

Las sospechas explican, entre otros factores, la salida de capitales registrada desde 2007, que el propio Indec calcula en US$ 37.000 millones y el BCRA, arriba de los US$ 70.000 millones. Bragagnolo dijo que la suba del riesgo país desde aquel entonces "no tiene que ver con el default de 2001 o los canjes de deuda; de hecho, sin haber resuelto los temas holdouts ni Club de París, teníamos un riesgo país similar al de economías de la región, e incluso emitimos deuda en dólares al 7,7%". Hoy, los seguros contra el default local son seis veces mayores que los de Brasil.

Y si bien por la subestimación del CER el Gobierno se habría ahorrado unos US$ 6000 millones, por el otro pagó cerca de US$ 1000 millones adicionales por la sobrevaluación del PBI real, según estimaciones del mercado. Calificados analistas afirman que algunas áreas del FMI también desconfían del verdadero nivel de las reservas del BCRA, aunque el tema aún no preocupe tanto como el IPC y el PBI.

Más allá de las polémicas, D'Attellis dijo que "puede ser que en el último tiempo se haya instalado desde algunos medios cierta falta de credibilidad sobre las estadísticas". El economista ligado al oficialismo elogió la puesta en marcha del nuevo IPC nacional, pero admitió que la discusión sobre la "falta de credibilidad que se intentó instalar obviamente no es positiva".

En cambio, la diputada de Pro Laura Alonso, una de las impulsoras de la fallida reforma legislativa del Indec, sostuvo: "Este es casi seguramente el peor legado del kirchnerismo. En vez de promover la opinión y la decisión de políticas públicas basada en evidencia científica y datos estadísticos, el kirchnerismo nos entregó un relato fantasioso que no alcanza para construir la realidad y que sólo consumen, sin cuestionamientos, sus fanáticos".