El Ejecutivo de Buenos Aires empieza a materializar las presiones que venía ejerciendo en las últimas semanas sobre la mayor petrolera del país, YPF, controlada en un 57% por Repsol.

Los rumores de una hipotética nacionalización de YPF comenzaron a cobrar fuerza a finales de enero. La prensa local, concretamente el diario Página12, informó entonces de una posible nacionalización de la petrolera YPF, comprada por la empresa española hace más de una década, en 1999.

El diario argentino señalaba que miembros del Ejecutivo liderado por Cristina Fernández de Kirchner, legisladores y especialistas en el sector energético plantearon la posibilidad de renacionalizar la mayor petrolera del país.

El Gobierno de Buenos Aires, a través de su vicepresidente, Amado Boudou, endureció poco después su dialéctica al señalar que "el problema no es si YPF es privada o no privada", sino "si tiene sentido nacional, si su sistema de funcionamiento está pensado en la producción petrolífera o con lógica financiera de corto plazo".

En el día de hoy, el Ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner ha ido más allá del terreno de la dialéctica. Repsol YPF tiene prohibido importar y exportar crudo en Argentina.

La argumentación que utiliza el Ejecutivo para justificar la sanción es el impago de una deuda de 8 millones de dólares, en concepto de cargo por una diferencia por derecho de exportación de gas, según la agencia estatal de noticias Telam.

La sanción impuesta por Argentina borra los avances con los que cotizaba a media sesión Repsol, convertido en el peor valor del Ibex en lo que va de año, lastrado por las presiones procedentes del otro lado del Atlántico.