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Por JULIETA CAMANDONE - El negocio minero creció exponencialmente en la Argentina en las últimas dos décadas, catapultado por los beneficios de las leyes de promoción de la actividad, que entraron en vigencia desde principios de los ‘90.
El debate urgente sobre sus consecuencias ambientales llegó tarde, cuando el impacto de la minería en la economía es fundamental.
Los grupos empresarios con fuerte presencia en la Argentina son, principalmente, de capitales australianos y canadienses. La canadiense Barrick Gold explota el mayor yacimiento de oro del país, Veladero, en San Juan, además de avanzar con el proyecto binacional Pascua-Lama (con Chile). La australiana Xstrata, por su parte, controla la controvertida Minera Alumbrera, en Catamarca, con la mitad de las acciones. El resto pertenece a las canadienses Goldcorp y Yamana Gold.
Según un estudio del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) desde que entró en vigencia la Ley 24.197 en 1993, las exportaciones de productos mineros crecieron un exorbitante 753% y alcanzaron en 2010 los u$s 2.089 millones. La misma ola expansiva logró ubicar al oro y al cobre, los principales productos de la exportación minera nacional, en el quinto puesto del ránking de ventas externas por rubro según divisas generadas, inclusive por encima de las ventas externas del sector cárnico. Algo que hubiese sido impensado en años anteriores al cambio de la legislación.
De la mano de los mayores volúmenes exportados, el aumento de los precios internacionales impulsó la minería, que desde 2002 en adelante tuvo un golpe de suerte gracias a la mayor demanda de economías emergentes, principalmente, China.
Entre 2001 y 2010, los precios del cobre subieron 204% y los del oro, 616%. Las mayores subas fueron las del platino (1034%) y las del niquel (785.6%).

Techo

Igual que los precios de los commodities agrícolas, los productos minerales tocaron un techo en 2007 y después tuvieron oscilaciones tras las cuales no lograron volver a aquellos niveles, aunque sí recuperaron el terreno perdido en 2008.
En materia impositiva, el mayor desembolso de las mineras está dado por el impuesto a las ganancias, seguido por las retenciones. Además, pagan regalías a las provincias donde operan, con un tope máximo de 3 por ciento.
En 2010, las mineras pagaron impuestos por $ 5.700 millones, monto que fue superado en 2011 según indicó la Cámara de Empresarios Mineros, aunque no hay aún datos oficiales.
De ese monto, $ 4.500 millones fueron a las arcas nacionales y $ 1.200 millones a las diez provincias mineras (Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz).
Según el informe de Idesa, la Argentina se ubica en el sexto lugar entre los países del mundo con mayores recursos mineros, pero también en el onceavo en el ránking de países con más contaminación ambiental.
El desarrollo de la minería en la zona cordillerana nacional plantea una amenaza fundamentada. Según Idesa, investigaciones sobre medicina ambiental realizadas por el instituto de investigación de los Laboratorios Roemmers dieron cuenta de la existencia de cromo y plomo con niveles superiores a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud en aguas costeras, y una de las fuentes sería la actividad minera.
En otros análisis, se determinó que la contaminación del río Al Salí en Tucumán y el dique frontal en las Termas de Río Hondo en Santiago del Estero, proviene fundamentalmente de los minerales desechados por la minera Bajo la Alumbrera indica el informe. También se observa la contaminación de cursos de agua en Santa Cruz, debido a la carbonífera Río Turbio, en Chile.
Con un impacto ambiental indiscutido, según la Secretaría de Minería, la actividad genera 517.000 puestos de trabajo directos e indirectos.