Por ESTEBAN RAFELE - La Unidad de Información Financiera (UIF) ultima detalles para dictar una de las resoluciones clave que faltan para controlar el lavado de dinero: la que alcanza a los fideicomisos. Según supo El Cronista de fuentes oficiales y del sector privado, la norma obligará a los fiduciarios a informar a la entidad antilavado la licitud de los fondos de sus clientes. La resolución alcanzará, entre otros, a los fideicomisos para proyectos inmobiliarios desde el pozo y a los instrumentos financieros vinculados al consumo y las obras de infraestructura.
La UIF mantiene reuniones con actores vinculados al negocio y afina la letra para dictar la resolución en los próximos treinta días. El tema está siendo analizado por el consejo asesor de la UIF, indicaron fuentes del organismo.
La resolución será similar a las decenas de normas que alcanzaron a otros sectores, desde bancos y transportadores de caudales hasta concesionarias de automóviles y galerías de arte. Exigirá a los sujetos obligados (en este caso, los fiduciarios, que venden el instrumento) a trazar perfiles de sus clientes y a solicitar declaraciones juradas sobre el origen del dinero.
Una norma reciente reguló la actividad de las inmobiliarias, pero los expertos consideran que aquí se controla el producto final (la casa, por ejemplo) y no la obra en construcción. Esta resolución alcanzará a todo tipo de fideicomisos, tanto aquellos financieros armados en su mayor parte con los créditos de las cadenas de consumo masivo, como Garbarino y Frávega como los que no tienen oferta pública. Entre estos últimos, fuentes del sector calculan que el 60% va a proyectos inmobiliarios desde el pozo.
El gran faltante hoy tiene que ver con los fideicomisos, sobre todo los destinados al sector inmobiliario, dijo Daniel Perrotta, presidente de la consultora financiera DP&A. La compra desde el pozo es una inversión que hoy no tiene control, agregó. El presidente de la UIF, José Sbattella, tiene que llevar esa resolución a Roma, a la reunión del GAFI de junio, en la que el organismo podría sacar a la Argentina de su lista gris.
Según estimaciones de la Cámara Argentina de Fideicomisos y Fondos de Inversión Directa en Actividades Productivas (Cafidap), los fideicomisos movieron entre u$s 10.000 y 11.000 millones el año pasado. Los de oferta pública totalizaron unos u$s 5.500 millones, de los que el 90% fueron de consumo masivo, y los ordinarios, otro tanto. Entre estos últimos, los inmobiliarios significaron unos u$s 3.000 millones.
Los fideicomisos inmobiliarios son la opción más accesible para una familia de clase media de acceder a una vivienda. Ingresa al proyecto al costo y paga entre 18 y 24 cuotas mensuales para hacerse del inmueble una vez construido el edificio. En su Plan Antievasión 3, la AFIP busca regular estos proyectos con un impuesto del 35% sobre el valor de mercado, mayor al precio de costo. Esto mantiene en vilo a los empresarios.
El presidente de Cafidap, Juan Luis Catuogno, participó de reuniones con funcionarios de la UIF para delimitar los alcances de la resolución. La cámara quiere separar los fideicomisos financieros de los ordinarios. En los de oferta pública, el cliente es el fiduciante, que transmite los activos para el fideicomiso. El mercado es cliente de los agentes de Bolsa. En los fideicomisos sin oferta pública, el fiduciario debe hacer todo y lo viene haciendo, con o sin resolución, afirmó.