Paritarias

El Gobierno arrancó el año con la intención de fijar un techo del 18% en las negociaciones salariales. Pero poco hizo para “dar el ejemplo”. Decretó un aumento del 17% para los jubilados para medio año y mantuvo un silencio condescendiente tras el incremento de más del 100% en las dietas de los legisladores nacionales. La profundización de la pelea con Hugo Moyano terminó de gestar el caldo de cultivo para una nueva ronda salarial que amenaza con situarse holgadamente por arriba del 18% al que se aspira en los entornos oficiales. La Casa Rosada anhela destronar al camionero de la CGT, pero sabe que la presión sobre Moyano puede transformarse en un búmeran, paritarias mediante.
Mientras tanto, el gremio de los aceiteros –como adelantó este diario un mes atrás– dio la puntada inicial con un aumento del 24%. Y los docentes de las provincias más grandes del país hoy finalmente no arrancarán las clases, en reclamo de un 28% de incremento que está lejos de la oferta del Gobierno, que a su vez opera como referencia para las negociaciones en los distintos distritos. Así, dos de cada tres alumnos de la Argentina serán en definitiva –una vez más– las víctimas involuntarias de esta puja.
En las próximas semanas llegará el turno de negociar para los gremios más grandes del país, como bancarios, empleados de comercio, construcción, metalúrgicos y mecánicos. En ningún caso el pedido inicial de los sindicatos se ubica por debajo del 22%.

Recorte de subsidios
“Si hay ajuste, que no se note”. Bajo esta consigna se mueve el kirchnerismo, intentando hilar fino entre las contradicciones que le imponen la realidad y el dogma progresista autoimpuesto. Anunció un aumento en las facturas de luz, agua y gas, pero luego se quedó a medio camino. Mientras tanto, los formularios para optar por mantener o no el subsidio siguen sin llegar a buena parte de los hogares y todavía no se aclararon los criterios objetivos para determinar quién puede retener el subsidio.
Algo similar ocurre con el retiro de los subsidios al transporte. Tras la “SUBEmanía” que propició el Gobierno, el silencio oficial sobre el ajuste en el boleto del transporte es llamativo. Primero fue la postergación sin razones aparentes para la entrada en vigencia del nuevo régimen y ahora –a días de cumplirse el nuevo plazo estipulado– la tragedia en la estación de trenes de Once hace “políticamente incorrecto” decretar un aumento del boleto en el corto plazo. Por lo menos mientras los rastros de la desgracia estén frescos en la opinión pública.
La revisión de la gigantesca masa de subsidios era ciertamente una cuenta pendiente del kirchnerismo. Pero el timming es, al menos, cuestionable. No sólo porque se demoró años en avanzar hacia un reacomodamiento de los precios relativos de la economía, sino porque finalmente la medida se tomó en lo que aparenta ser una fase descendente del ciclo económico y sin gradualismo alguno. Su impacto pleno en los ingresos de la población genera más incertidumbre sobre el desenlace de la economía en 2012, en el cual el contexto externo luce menos propicio que años atrás.

Control de importaciones

El régimen de Declaración Jurada Anticipada de Importaciones (DJAI), que tiene al secretario Guillermo Moreno como actor estelar, debutó hace casi un mes con más dificultades que beneficios aparentes. Los importadores locales denuncian que el Gobierno está frenando al menos dos de cada diez pedidos de importación. Los gobiernos de Brasil, Paraguay y Uruguay (los socios del Mercosur) también pusieron el grito en el cielo, pero diplomáticamente decidieron esperar al menos 60 días de vigencia de la medida para evaluar su desempeño y eventualmente tomar represalias. Mientras tanto, crecen las quejas de los industriales locales, porque temen que los controles afecten a sectores sensibles de la cadena productiva y profundice la desaceleración que ya perciben en la actividad fabril. El caso más evidente, pero no el único, es el sector automotriz.
Mientras tanto, el Gobierno se empeña en ir contra la “ley de gravedad” de la economía. La intención de sostener un superávit comercial por encima de los u$s 10.000 millones es sana y necesaria. Pero la Rosada vuelve a atacar la consecuencia e ignora la causa. Poco se hace para contener los precios, que generan un tipo de cambio real apreciado, deterioran la competitividad de las exportaciones y desprotege a la industria interna. Y se ignora la elevada correlación entre crecimiento e importaciones (la elasticidad entre importaciones y PBI está en el orden de 3).
Tampoco se toman medidas de fondo que aseguren que este año no se repetirá la dolarización de portafolios récord de 2011 (u$s 21.500 millones), fenómeno que absorbe por la cuenta capital de la balanza de pagos lo que se obtiene por la cuenta corriente. En este contexto, cualquier intento por sostener el superávit comercial implica financiar la fuga de capitales. Circuito que sólo se intenta frenar con más parches de corto plazo: restricciones a la compra de divisas y presiones a las empresas para que no giren utilidades al exterior. El dólar, en tanto, permanece “anestesiado”. En el Rofex –el principal mercado de futuros del país– se negocia a $ 4,80 para fin de año.

Proyectos legislativos

Dos proyectos concentran la atención del mundo económico en el Congreso que se apresta a retomar sus funciones. El primero, la ley de Reforma de las Entidades Financieras que promueve diputado del FPV y titular del Banco Credicoop, Carlos Heller, que implica un cambio profundo en la concepción de la actividad bancaria en sí y pone los pelos de punta a los representantes del establisment. El segundo proyecto, la nueva ley de ART, es un gesto que el Gobierno quieren ofrendar a los empresarios en su puja con la CGT de Moyano, para terminar con la doble vía en los juicios laborales.