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| Aplicó Obama un castigo comercial a la Argentina |
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27/03 - 08:53 Ambito Financiero |
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| | Facsímil del comunicado de la Casa Blanca en el que se anunció la decisión contra la Argentina adoptada por el presidente Obama. Entrará en vigencia en 60 días. | | | |
Estados Unidos aplicó ayer un castigo comercial a la Argentina mediante la suspensión de su sistema de preferencias arancelarias. El hecho generó un duro rechazo por parte del Gobierno de Cristina de Kirchner, que tildó la medida de «incomprensible» y hasta sugirió que está motorizada por los «fondos buitre» que reclaman el pago de deudas.
El presidente Barack Obama anunció su decisión de suspender a la Argentina en el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) por «no actuar de buena fe» en el cumplimiento de dos sentencias del CIADI. La medida entrará en vigor dentro de 60 días por un tiempo indefinido. Según indicó el Ministerio de Industria, la decisión de excluir a la Argentina del SGP impacta en un menor ahorro por sólo u$s 18 millones anuales (ver aparte).
«He determinado que es apropiado suspender la designación de la Argentina como país en desarrollo beneficiario del SGP, porque no ha actuado de buena fe en la implementación de decisiones arbitrales en favor de ciudadanos o compañías de Estados Unidos», disparó el comunicado oficial emitido por la Casa Blanca.
Obama aludió a dos decisiones del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial favorables a las empresas norteamericanas Azurix y Blue Ridge por poco más de u$s 300 millones.
El representante comercial de Estados Unidos, Ron Kirk, cuya oficina había recibido la petición de estas empresas para que Washington suspendiera al país del programa por el impago, llamó a la Argentina a asumir sus compromisos para revertir la suspensión: «Urgimos al Gobierno de la Argentina a pagar las indemnizaciones. Esto nos permitiría considerar reincorporar a la Argentina como país elegible para el SGP y promover el crecimiento de un comercio estadounidense-argentino y unas inversiones mutuamente beneficiosas».
Como parte de esta presión, EE.UU. votó en los últimos meses en contra de diversos préstamos a la Argentina, que no obstante fueron aprobados, en organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Según indicó Kirk, el anuncio de Obama se hará efectivo 60 días después de la publicación de la decisión en el Registro Federal, por lo que la Argentina tendría todavía tiempo de revertir su decisión de dos fallos emitidos en 2005 y 2006 a favor de las empresas norteamericanas.
Se trata de dos concesionarias norteamericanas que operaban en la Argentina. En 2002, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires canceló el contrato de Azurix para dar servicio de agua potable
y cloacas a 72 municipios, por lo que la empresa recurrió
al CIADI.
Por su parte, Blue Ridge a está cargo de la demanda de CMS Gas Transmission Company, a la que también se le rescindió un contrato de suministro en ese mismo año. En ambos casos, el tribunal internacional dio la razón a las empresas y dictaminó que el país debía otorgar una compensación de u$s 165,2 millones y u$s 133,2 millones, respectivamente.
Según la posición argentina, estas empresas deberían haber comenzado los trámites de cobro de las sentencias «de acuerdo con el reglamento del ente arbitral y la legislación argentina», es decir, teniendo en cuenta los trámites legales locales. De hecho, el embajador en EE.UU., Jorge Argüello, dijo a principios de marzo que la Argentina acepta y reconoce que los laudos del CIADI «son finales y obligatorios», pero advirtió que los inversores que resultan beneficiados por el tribunal deben iniciar a nivel local «el procedimiento» para su cobro. En ese sentido, el Gobierno de Cristina de Kirchner sostuvo ayer mediante un comunicado de Cancillería que lamentaba «el intento de obligar» a la Argentina «a tomar una decisión violatoria de las leyes nacionales sobre pagos de sentencias».
En varias oportunidades el Gobierno enfatizó que no existe un criterio único al momento de interpretar los artículos 53 y 54 del Convenio del tribunal arbitral que hacen referencia al pago de las sentencias.
El Gobierno interpreta que la decisión se vincula con la presión que están ejerciendo los bonistas que no ingresaron en ninguno de los dos canjes de deuda, y que tienen pendientes procesos judiciales contra la Argentina. «El lobby ejercido por los fondos buitre para lograr esta decisión es una presión que nuestro país condena de forma contundente», dice la nota de prensa.
El anuncio de Washington se produce un mes antes de la VI Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Cartagena de Indias (Colombia) y a la que están invitados tanto Cristina de Kirchner como Obama, entre otros mandatarios. Así, la Argentina aún dispondrá de un mes antes de que los productos argentinos dejen de estar protegidos por el SGP, por lo que el foro de Cartagena puede ser aprovechado para debatir sobre esta disputa.
Agencias EFE y AFP |
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