El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, encarna a la primera facción, que considera que podría replicarse en las empresas que le ganaron juicios a la Argentina en el Ciadi un esquema parecido al que se les ofreció a los bonistas que ingresaron en el segundo canje para salir del default, en 2010, según fuentes involucradas en la negociación. Se trataría de pagarles con bonos con legislación extranjera -hasta ahí se cumpliría con el pedido de los acreedores-, pero con una quita (por ser bonos Discount) que rondaría entre el 50 y el 70 por ciento.

Pese a este fuerte descuento sobre la deuda nominal, los acreedores estarían dispuestos a aceptar la solución "amigable", según indicaron dos importantes ex funcionarios argentinos con buenos vínculos con los inversores extranjeros. Otra fuente del sistema financiero recordó que Lorenzino ya propuso este mecanismo en 2011, pero no logró receptividad en otras áreas del Gobierno.

El razonamiento para defender esta mayor flexibilidad es que el "daño" para la Argentina no se limita a los US$ 18 millones de los aranceles que se encontraban beneficiados por el sistema general de preferencias de EE.UU., sino que éste podría ser otro capítulo de los embates de los acreedores que siguen en default.

Una prueba de esta hostilidad fueron los votos de EE.UU. en contra del otorgamiento de créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a la Argentina, algo que podría extenderse al Banco Mundial (inclusive con aliados europeos) y que se repetiría, el mes próximo, en una evaluación del país por parte del Fondo Monetario Internacional.

Del otro lado del tablero oficial, la Procuración del Tesoro juega el rol de la "dureza", al pretender que las empresas ganadoras de los juicios hagan el mismo trámite que cualquier otro acreedor del país, a partir de la vigencia de la ley de emergencia económica de 2002.

En medio de ambas posturas, nadie sabe qué piensa la presidenta Cristina Kirchner. "No se habían animado a consultarle antes de lo que pasó con Estados Unidos", comentó una de las fuentes, que expresó su escepticismo sobre la posibilidad de arribar a una solución amigable antes de que la sanción entre en vigencia..