Por Martín Kanenguiser - El Fondo Monetario Internacional (FMI) decidió revisar en forma compulsiva el estado de las cuentas públicas de la Argentina ante la decisión del Gobierno de seguir negándose a cumplir con el intercambio del artículo IV desde 2006.

Fuentes del organismo que lidera Christine Lagarde confirmaron la decisión a LA NACION y aclararon que el primer examen será este año.

El staff informará en forma periódica sobre la situación de la Argentina y de otros países que se demoraron en forma excesiva en el cumplimiento de esta obligación, que el resto de los miembros del G-20 lleva a cabo en forma regular.

El mandato aprobado por el board es que los técnicos "informen en forma regular al board su opinión acerca del estado de la economía y las políticas del país miembro basados en la información que está disponible", según el texto discutido por el directorio. Esto incluiría datos oficiales y del sector privado.

De este modo, el FMI hace una pirueta para eludir el cerco que le impuso el Gobierno desde 2006, cuando se desarrolló la última revisión de las cuentas públicas en el contexto del artículo IV en el gobierno de Néstor Kirchner.

Una vez que el Gobierno le pagó al FMI su deuda y que comenzó la distorsión de las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), suspendió de facto este intercambio informativo, que implica el viaje de una misión técnica al país y la redacción de un informe, que cuenta también con la opinión del gobierno analizado.

En este caso, las fuentes del FMI aclararon que se haría una "consulta en rebeldía, ya que no viajarían al país sin el acuerdo de las autoridades". El intento "es informar al directorio de lo que está pasando en el país", precisaron.

LA NACION intentó conocer infructuosamente la opinión sobre este tema del Ministerio de Economía que lidera Hernán Lorenzino, quien a fines de la semana próxima tiene previsto participar en Washington de la asamblea semestral del Fondo y el Banco Mundial (ver aparte). En junio, el board decidirá si el país avanzó o no con las medidas que le impuso en enero para contar con estadísticas transparentes y adecuadas a los estándares internacionales en materia de inflación y crecimiento económico.

La decisión del organismo, adoptada a fines de la semana pasada, se basa en un informe de las áreas Legal, Estrategia y de Revisión de Políticas del Fondo y, al parecer, no fue objetada por ningún director (ni siquiera por el representante por la Argentina, Alfredo Mac Laughlin). "Propuestas para enfrentar las demoras excesivas en la terminación de las consultas del artículo IV" es el nombre de este reporte, monitoreado por Sean Hagan (director del departamento legal) y Siddharth Tiwari (secretario del FMI).

El texto arranca en forma tajante: "La vigilancia bilateral es obligatoria tanto para el FMI como para sus miembros, y todos los miembros tienen la obligación con el FMI por este objetivo". En ese sentido, "la vigilancia necesita cubrir todas las economías con una razonable frecuencia". Por esta razón, el staff propuso una serie de pasos: que el jefe del FMI informe por medio de una carta al presidente del país acerca de la "demora excesiva" en cumplir con el artículo IV, que se haga pública la lista de los países que no cumplen con este trámite y, finalmente, que el staff prepare un informe al board , que no contará con la opinión del país evaluado. El paper no hace mención a ningún caso en particular, pero la Argentina aparece como uno de los ejemplos anónimos para fundamentar esta polémica decisión; Ecuador y Venezuela son los otros países de la región que no cumplen con este requisito.

Si bien el Gobierno no tiene un plan de asistencia financiera del FMI, como miembro se ha beneficiado en 2009 del giro de US$ 2500 millones surgidos del proceso de recapitalización del organismo, que permitieron suavizar en ese crítico año la situación de las cuentas públicas.