El siguiente artículo editorial fue publicado ayer en el diario británico Financial Times

LONDRES.- Al anunciar la nacionalización de la más grande compañía de petróleo de la Argentina, YPF, Cristina Fernández declaró que era "una jefa de Estado, no una patotera". Sus acciones, sin embargo, sugieren lo contrario. La toma de la mayoría de las inversiones de la compañía española de petróleo, Repsol, es sólo la última de una serie de preocupantes gestos por parte de la estridente presidenta.

En meses recientes, intentó avivar el sentimiento nacionalista con el reclamo de su país por las Malvinas. Su gobierno está acusado de amañar las cifras de la inflación y de llenar el Banco Central con burócratas complacientes.

Es deprimente que la expropiación haya ganado un fácil aplauso en Buenos Aires, donde se la ve como un impulso para la seguridad energética. En realidad, es un acto mezquino de piratería económica en el que la Argentina ha discriminado descaradamente a Repsol, sacándole el total de su 57% de acciones, violando el tratado de inversión. Los inversores nacionales, mientras tanto, retienen las suyas sin ser molestados.

Los pretextos de justificación de la señora son realmente débiles. Arremete contra Repsol por no invertir en nuevas producciones y por forzar al Gobierno a gastar sus míseras reservas en importar petróleo. La verdadera responsabilidad está en las erradas políticas de su propia gestión, en particular en su predilección por regular los precios, lo que no ofrece ningún incentivo para la inversión.

Una mirada a las estadísticas de la producción petrolera de la Argentina nos cuenta la historia. La producción se duplicó a 900.000 barriles por día en los años 90 luego de la liberalización y la privatización de YPF. En años recientes, bajo la injerencia de las administraciones de la Sra. Fernández y su extinto marido cayó a sólo 700.000 por día. Lejos de solucionar estos problemas, la nacionalización probablemente los profundice. Una YPF estatal no tendrá la experiencia técnica ni el capital para explotar las gigantescas reservas de gas no convencional del territorio argentino, ni qué hablar de los proyectos offshore . La expropiación apenas alentará a los inversores extranjeros a dar una mano.

No está claro qué precio pagará la Argentina por las acciones pero, dado que un tribunal del Estado lo fijará, Repsol probablemente obtendrá un acuerdo injusto. En todo caso, no se pagará nada durante años. Mientras tanto, la pérdida de la mayoría de su producción de petróleo y gas es un duro golpe para la compañía.

España ha lanzado fuego, pero su espacio para maniobrar es limitado. Aparte de hacer sentir vergüenza, tiene poco con qué golpear a la Argentina. Mientras, la acción multilateral podría no ser más efectiva -Buenos Aires tiene una historia de no hacer caso de la opinión internacional no deseada-, debería igualmente ser concretada. La UE, en particular, tiene un papel que realizar. Hay razones para presionar para que se suspenda a la Argentina del G-20. Al romper acuerdos internacionales la Sra. Fernández se está colocando a sí misma en el mismo campo que el caprichoso líder Hugo Chávez.

No se le debería permitir olvidar que las acciones tienen consecuencias..