Por MATÍAS BARBERÍA - Ya cubiertas las vías principales del mercado cambiario y la fuga de divisas, la lupa del Estado se está empezando a posar sobre los canales secundarios. Las empresas que envían las remesas de trabajadores extranjeros a sus familiares en el exterior primero fueron afectadas por los límites de la AFIP a la compra de divisas, luego puestas bajo la supervisión del Banco Central y, desde ayer, también están sujetas a los controles de la Unidad de Información Financiera (UIF). El sector está viendo como se reduce su actividad, a medida que los controles cambiarios fueron achicando el monto máximo permitido hasta dejarlo en apenas u$s 300.
La reforma de la carta orgánica del Banco Central, que entró en vigencia el 6 de abril de este mes, amplió las facultades de supervisión de la entidad conducida por Mercedes Marcó del Pont para abarcar a actores del sector financiero que se encontraban fuera de su alcance. Entre los nuevos sectores regulados por el Central se cuentan las remesadoras de fondos, similares a empresas postales pero especializadas en el envío de dinero al exterior.
Una vez abierta la puerta a la supervisión del Banco Central, la UIF que tiene un número limitado de inspectores apuró una reglamentación del régimen específico para remesadores. Ahora, esas empresas deberán contar con oficiales de cumplimiento que responderán ante la agencia antilavado, con manuales de procedimiento ante operaciones sospechosas y respetar las normas de conocimiento de sus clientes, entre otros requerimientos.
En sí, no se trata de otra cosa más que de igualar las responsabilidades de las remesadoras a las de un banco. Con la reglamentación, pasan a ser sujetos obligados, bajo supervisión del Central, a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos, dijo una fuente oficial.
Ni el Banco Central ni la UIF cuentan con datos respecto del sector, ni tampoco sobre su peligrosidad en materia de lavado de dinero. El nivel de información sobre el rubro es nulo, un ámbito inexplorado, admiten.
Datos del Banco Mundial calculan que las remesas al exterior hechas por residentes en el país rozaron los u$s 1.000 millones en 2010, último dato disponible. La cifra, que incluye los envíos hechos tanto por remesadoras como por bancos, supone un crecimiento del 550% desde 2003 que estuvo impulsado, principalmente, por trabajadores de países limítrofes que trabajan en la Argentina y remesan parte de sus ingresos a sus familias.
El principal jugador del mercado, Western Union, se encuentra en quiet period previo a la publicación de su balance en Wall Street, por lo que sus empleados no pueden hacer declaraciones. Sin embargo, El Cronista accedió a su tarifario y condiciones de servicio.
Pero el crecimiento de las remesas corre la misma suerte que cualquier otra operación cambiaria desde que, en octubre pasado, la AFIP instauró su cerrojo.
Desde entonces, los trabajadores que remesan parte de sus ingresos al exterior necesitan cobran en blanco para poder pasar ese dinero a dólares, caso contrario, no cuentan con autorización de la agencia recaudadora para hacerse de divisas.
Además, como resultado de los controles, las empresas del sector están reduciendo el límite máximo que autorizan a enviar.
Un año atrás, el monto máximo rondaba los u$s 5.000, con variantes según la empresa. Hoy, algunas han bajado ese techo hasta los u$s 300.