Por MATÍAS BONELLI - Sin pánico, pero con toda la atención puesta sobre la reacción que tendrán los argentinos. Así se podría definir a grandes rasgos el escenario que se planteó en el mundo inmobiliario local, luego de que Uruguay confirmara que le brindará a la Argentina los datos de quienes inviertan allí.
El mercado inmobiliario donde los argentinos tienen mayor presencia es uno de los más afectado por esta medida. Y el temor de los especialistas del sector es que las nuevas reglas comiencen a limar el avance de los argentinos sobre los ladrillos uruguayos, un clásico lugar de refugio para los inversores de este lado del charco.
Sin dudas esto va a generar un freno en cuanto al nivel de compras; se sentirá muy fuerte, destacaron desde una de las agencias inmobiliarias argentinas con mayor presencia en Uruguay.
En tanto, Igor Martínez, a cargo de la sucursal de Punta del Este de Tizado Propiedades, también entiende que se generará un cuello de botella en la venta de inmuebles.
Cualquier medida que tenga consecuencias de índole económica siempre produce la postergación de decisiones. En este caso seguramente se dará una situación similar, sostuvo Martínez.
De todos modos, el especialista consideró que con el tiempo la situación se comenzará a diluir. Una vez que el tema esté asimilado, no quedará otra que adaptarse a las nuevas reglas y seguir la marcha. Está claro que un freno se verá, pero no será eterno, dijo.
La presencia de inversores argentinos en el negocio inmobiliario uruguayo es fuerte, y tiene un centro muy claro en Punta del Este. Allí, los compradores de este lado de la orilla mueven cerca del 80% del mercado.
Esto provoca que desde Uruguay también se comiencen a levantar algunas voces de preocupación, aunque medida.
En declaraciones al diario uruguayo El Observador, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Uruguay, Gabriel Conde, consideró que este tipo de medidas siempre genera un impacto negativo porque aquel inversor que está dudando prefiere esperar; eso es inevitable y se sentirá en mayor o menor medida en el negocio inmobiliario.
Lo que descartan tanto de un lado como del otro del charco es que se produzca una huida por parte de argentinos que ya tienen las inversiones hechas en el país.
Hasta finales del año pasado, ahorristas argentinos mantenían depositados casi u$s 2.300 millones en el sistema bancario uruguayo.
El acuerdo al que llegaron la Argentina y Uruguay tiene que ver con un viejo reclamo del gobierno de Cristina Kirchner para evitar la evasión y la fuga de divisas, y contempla la posibilidad de que se den a conocer los nombres de los argentinos que realicen inversiones en la otra orilla.
Esa carta sólo se podrá jugar en los casos en los que la Argentina tenga sospechas de que determinado inversor incurrió en algún delito. Sólo en ese caso la Justicia uruguaya podrá examinar la situación y determinar luego si brinda o no la información requerida. Además, no tendrá efecto retroactivo. Al no ser un blanqueo 100% el temor de los inversores irá desapareciendo, opinó Igor Martínez.
La propuesta deber ser aprobada por el Congreso de ambos países.