Por Nelson Fernández - MONTEVIDEO.- La garantía de reserva que Uruguay ofreció tradicionalmente a los inversores argentinos fue puesta en jaque por un combo de tres decisiones políticas, lo que generó inquietud sobre el futuro del flujo de capitales que ha sido favorable para este país. Pero asesores financieros y jurídicos que tienen centenares de clientes argentinos comentan en voz baja que "el secreto seguirá, pero ahora será más caro garantizarlo".

Eso se debe a que la ingeniería financiera o jurídica puede adecuarse a reglamentos más rígidos y encontrar alguna válvula de escape para seguir cumpliendo el mismo cometido, pero todo eso encarece la gestión. "Lo mismo ocurre con las restricciones cambiarias, que no impiden que los argentinos sigan pasándose de su moneda al dólar, pero sí provocan una mayor devaluación en el mercado informal", dijo a LA NACION un asesor de la Ciudad Vieja montevideana, que tiene vasta cartera porteña.

La batería de tres decisiones consta de una ley que flexibilizó el secreto bancario, la firma del acuerdo por el que se habilita el intercambio de información tributaria con la Argentina y una nueva ley sobre sociedades anónimas, que permite identificar a los accionistas. Muchos argentinos tienen inmuebles en Uruguay, pero no a su nombre sino a través de una sociedad anónima. Con la nueva ley, no podrán quedar escondidos en el anonimato de una firma, aunque asesores consultados aseguran que la fórmula de tener activos a través de una sociedad extranjera (por ejemplo, de Panamá, o de otros países) permitirá igualmente mantener bienes alejados de las inspecciones de la autoridad impositiva argentina, la AFIP, que tanto presionó por este tratado.

El abogado Alberto Varela, experto en asuntos tributarios, dijo que es una realidad que "Uruguay es un poco menos soberano" y que por "hacer los deberes de la OCDE" el país "se vuelve un poco más inhóspito" para los inversores extranjeros. Pero también dijo que el texto del tratado incluye varias cláusulas de garantías para evitar que los pedidos de la AFIP sean indiscriminados o sin fundamento.

Operadores que trabajan con clientes argentinos dijeron a LA NACION que hubo muchas consultas de inversores para conocer el alcance del acuerdo y de las otras medidas, aunque aseguraron que muchos lo habían hecho antes, para tomar previsiones en sus negocios.

En tanto, en el Poder Legislativo uruguayo se sumaron opiniones críticas al acuerdo firmado entre los dos gobiernos, que requiere ratificación parlamentaria.

La oposición cuestiona al presidente José Mujica por considerar que mantiene una relación de concesiones al gobierno argentino, sin obtener nada a cambio. Ayer, muchos dirigentes recordaron que Mujica había dicho que tenía "cajoneado" el tratado para firmarlo sólo cuando Cristina Kirchner eliminara las barreras comerciales a las exportaciones uruguayas. Pero que ahora sacaba el tratado del cajón, sin conseguir el libre comercio bilateral. "Llama la atención que lo sacó del freezer sin nada a cambio, lo que es otra señal de debilidad", dijo el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres. El senador y ex presidente Luis Alberto Lacalle, del Partido Nacional, declaró que "la Argentina está en un camino que colisiona con el de Uruguay". De todas formas, se estima que, pese a estos duros cuestionamientos, el Parlamento uruguayo convalidará el convenio.

Opiniones argentinas

Desde Buenos Aires, el tributarista Víctor Fabetti afirmó que la implementación del convenio "ahuyentará inversión o generará más costos de reestructuración".

Ayer se comentaba en Uruguay que el costo de transferir la propiedad a una sociedad panameña ronda los US$ 2000 anuales.

En cambio, su colega Eugenio De Mayolas opinó que "sin un blanqueo de capitales como medida complementaria es muy difícil que los contribuyentes argentinos se vean tentados a declarar sus bienes omitidos" ante la AFIP. "Quienes tienen colocaciones financieras se verán tentados a migrar a otros países", pronosticó. Al respecto, César Litvin opinó que, al no haber retroactividad en el convenio, el acuerdo será un "bloqueo fiscal", es decir, como un blanqueo en los hechos.

Con la colaboración de Martín Kanenguiser en Buenos Aires .