Por PABLO FERNÁNDEZ BLANCO - Luego de más de una década de congelamiento tarifario para una parte de los usuarios, y con una negociación salarial en marcha, las distribuidoras de electricidad del área metropolitana, Edenor y Edesur, enviaron en las últimas semanas un ultimátum al Gobierno: si no aumentan sus ingresos en los próximos meses, ya sea por mejora en las tarifas que cobran a sus clientes o mediante algún tipo de recomposición que ofrezca el Estado, entrarán en default.
Las compañías evitaron utilizar esa palabra en términos expresos tiene connotaciones muy negativas tanto para la presidenta Cristina Fernández como para los inversores bursátiles, una de sus fuentes de financiamiento, usaron en sus advertencias diversos recursos semánticos que apuntan a la cesación de pagos.
Edenor es, hasta ahora, la empresa que fue más lejos en sus explicaciones. Lo hizo mediante una carta enviada a Cammesa la compañía administradora del mercado eléctrico, que en la práctica responde al ministro de Planificación, Julio de Vido, a la que tuvo acceso El Cronista. Allí, el presidente de la empresa, Ricardo Torres, sostiene que de mantenerse la actual situación de congelamiento de ingresos y aumento de costos, la Distribuidora verá imposibilitado el acceso a fuentes de financiamiento del déficit de caja enfrentado en sus actividades y, de esta manera ser verán afectados, entre otros aspectos, el normal financiamiento y funcionamiento de la actividad concesionada. En el renglón siguiente establece que la situación descripta afecta sustancialmente las condiciones para la normal prestación del servicio público.
Edenor pertenece a Pampa Energía, del empresario Marcelo Mindlin, hasta ahora de buen diálogo con el Gobierno. En el sector eléctrico llamó la atención el documento, dado que es la primera vez que la gestión de la compañía se expresa en esos términos. La carta no sólo avisa sobre la situación crítica, sino que también echa culpas a la política oficial: Son los reiterados incumplimientos del Estado Nacional los reales causantes de las eventuales afectaciones que se pudieran producir en el Servicio Público y de los daños y perjuicios que se ocasionan a esta distribuidora, sostiene la misiva, que también fue enviada a los ministerios de Planificación y de Economía.
La semana pasada, Mindlin vendió la distribuidora Edesa, la distribuidora de Salta, para paliar el déficit de Edenor.
Edesur, en tanto, planteó su reclamo por la vía diplomática. En el marco de la avanzada del Gobierno sobre las acciones de Repsol en YPF, el premier italiano Mario Monti le envió una carta directa a la Presidenta, según informó Ansa a mediados de abril. Quisiera poner bajo su atención la apelación para que se cumplan las condiciones para poder continuar operando en el país, con las propias sociedades de distribución y generación eléctrica. Como sabrá continuó Monti, las sociedades Edesur y Endesa Costanera sufren problemas de liquidez que podrían conducirlas en breve a la insolvencia, sostuvo. Ambas compañías pertenecen a Enel, la mayor operadora eléctrica italiana. La situación de Edesur es similar a la de Edenor. De acuerdo con sus balances, registró pérdidas en 2011 por $ 461,02 millones, un 775% más que el año anterior.
La carta de Edenor, que es ampliamente compartida por otros eslabones del mercado eléctrico, lanza un reclamo inmediato hacia el Gobierno. Pide la aplicación del mecanismo de monitoreo de costos (MMC), que disponga su traslado a las tarifas, cumpla con el proceso de revisión tarifaria y , finalmente, arbitre cualquier otra medida que esté a su alcance, que dada la urgencia necesaria, pueda permitir la continuidad del servicio.
De acuerdo con los empresarios eléctricos, Edenor y Edesur no hicieron más que poner en blanco sobre negro una situación que abarca a otras compañías distribuidoras. Hasta mediados de marzo, por caso, más de una decena de empresas había decidido discontinuar sus pagos a Cammesa por la energía vendida. Entre los nombres más llamativos figuraban Epec, la distribuidora de Córdoba; EPE, de Santa Fe; Emsa (Misiones); Edelar (La Rioja) y Edelap (La Plata), que solicitó un plan de pagos.