Por Natalia Donato - Frente a la creciente presión de las cámaras empresarias y el reconocimiento de que la medida les podría generar más dolores de cabeza que beneficios, el Gobierno dio marcha atrás casi por completo con la norma que obligaba a los exportadores a liquidar sus operaciones en menores plazos.
La presidenta Cristina Fernández anunció ayer que sólo deberán atenuarse a la nueva norma los grandes exportadores, ya que las empresas que vendan al exterior por hasta u$s 2 millones anuales volverán a manejarse con los tiempos de liquidación anteriores. En un acto en el que anunció un nuevo cupo de $ 8.000 millones de los créditos del Bicentenario y aprovechó para acusar duramente a la dirigencia sindical, la mandataria informó que de las 12.800 firmas exportadoras, el 85% (11.000 empresas) podrá volver a liquidar en los plazos previos a la resolución 142.
Mediante esa norma, y en medio de un contexto de escasez de dólares a raíz de las intervenciones y del menor crecimiento de las exportaciones, el Gobierno obligó a las empresas a liquidar sus ventas en plazos que, en muchos casos, llegaban a los 15 días. Tal era el caso de las firmas de rubros agropecuarios y agroalimentarios, como también todas las firmas con filiales en el exterior. Es decir que si una pyme tenía un depósito en Brasil para poder ingresar más fácilmente a ese mercado con sus productos también se veía obligada a ingresar los dólares en dos semanas.
La normativa generó un fuerte revuelo en el empresariado, principalmente en las pequeñas y medianas empresas, que comenzaron a avizorar en riesgo gran parte de sus operaciones de comercio exterior. El financiamiento es clave en cualquier negociación con el cliente y la nueva norma atentaba contra la posibilidad de que el exportador pudiera venderle a plazo la mercadería.
Las grandes empresas exportadoras deberán liquidar en los nuevos plazos estipulados, pero tienen mayores opciones de resolver la cuestión financiera. Podrían, por ejemplo, obtener los fondos para liquidar por anticipado y luego asumir el costo financiero para poder darle la facilidad de pago al cliente y mantenerlo. Las pymes, sin embargo, no tienen esta alternativa.
La Presidenta admitió que la medida había generado mucho barubaru término que adjudicó al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno y que la decisión de retrotraerla para la mayoría de las empresas se tomó el miércoles, luego de una reunión que mantuvo con el equipo de Economía. Fuentes empresarias señalaron que hubo aportes de los jóvenes del gobierno, en referencia a los integrantes de La Cámpora, como el viceministro de Economía, Axel Kicillof, para trasmitirle a Cristina las complicaciones que generaría la medida.
Por otro lado, la mandataria agregó que para el resto de las empresas las más grandes, las que tengan algún problema podrán gestionar una excepción y ampliación de plazos ante una unidad de evaluación integrada por los titulares de la Secretaría de Comercio Exterior, de la Secretaría de Política Económica y del Ministerio de Industria.