Por JUAN CERRUTI - La reacción del Gobierno ante cada episodio que observa como potencialmente conflictivo en materia económica a esta altura ya es previsible: controles. Si se fugan divisas, aplica controles a la compra de dólares. Si la balanza comercial se reduce, anuncia controles a las importaciones. Si la inflación se acelera, lanza controles de precios, etc.
El problema que subyace en esta estrategia es que, por definición, se aplica sobre la consecuencia (el efecto), sin hurgar demasiado en la causa. Así el “control” pasa a reemplazar en el “léxico K” a la solución.
Se trata de una política que puede arrojar réditos en el corto plazo, pero se torna insostenible en el largo plazo, mientras no se ataque la causa. La raíz del problema se debe buscar en el diagnóstico, que desde la óptica oficial suele tener otra palabra excluyente: conspiración. De los empresarios (que suben los precios), de los industriales (que importan bienes que acá se podrían hacer, a igual precio y calidad) y de los grandes grupos económicos (que compran dólares para, supuestamente, desestabilizar el modelo económico). Y claro, conspiración de los medios de prensa que divulgan estos sucesos.
Pero los resultados están a la vista: el control a la fuga de dólares generó un mercado paralelo, las trabas a las importaciones un serio parate en la inversión (y desaceleración de la economía) y los acuerdos de precios se revelaron como un herramienta vetusta en un contexto en que la inflación ya suma cinco años consecutivos instalada por arriba del 20%.
Es precisamente la inflación la que ha generado una pérdida significativa de competitividad, a través del deterioro del tipo de cambio real. Sumado al hecho de que al perder la disciplina fiscal, en 2008, el Gobierno decidió usar en su reemplazo el tipo de cambio nominal como ancla inflacionaria. Como consecuencia, en los últimos cinco años mientras los precios internos subieron a un ritmo promedio del 21% anual, el dólar avanzó sólo 8% anual. Ergo, el país resignó competitividad, lo que impulsa las importaciones (ahora es más “barato” que antes comprar bienes del exterior en lugar de producirlos locamente) y desalienta las exportaciones (es menos rentable vender al exterior). Sin embargo, la fortaleza del real en Brasil y el elevado precio de la soja ayudaron a ocultar esta pérdida de competitividad.
Desconocer la apreciación cambiaria, derivada del alza de precios internos, equivale a apostar contra de la Ley de Gravedad: si el tipo de cambio se revalúa, las importaciones crecen y las exportaciones disminuyen. Pero al mismo tiempo, los inversores que perciben el atraso cambiario buscarán anticiparse a una eventual devaluación, rebalanceando su cartera a favor de la divisa extranjera.
En un contexto en que el futuro económico del país revela un mayor grado de incertidumbre que meses atrás, el refugio tradicional de los argentinos, el dólar, luce barato. Mientras en los últimos seis años, una canasta promedio de consumo de una familia aumentó alrededor de 210%, la divisa estadounidense lo hizo en 50% (pasó de $ 2,96 a $ 4,46).
De todas formas, la devaluación per se no sería la solución al dilema cambiario, porque llevará a un juego de suma cero en tanto no se modere la inflación. Es decir, la competitividad que se ganaría por la devaluación se perdería por la suba de precios. Se requiere previamente un programa anti inflacionario serio.
Dirigir la economía a fuerza de “palo y zanahoria” puede ser tan nocivo como dejarla totalmente librada a las fuerzas del mercado. Las denominadas “fallas del mercado” existen y la intervención del Estado puede ayudar a subsanarlas. Pero el timming en la aplicación de estas medidas hace al “arte” de la política económica. Es curioso que un Gobierno que no duda en tomar las riendas e intervenir en la economía, se empeñe en combatir la consecuencia y no la causa.