Después de un mes y medio de críticas, tironeos, suspensión de exportaciones y negociaciones con el Gobierno, un selectísimo grupo de tan sólo seis empresas logró convencer a los funcionarios nacionales de que necesitan más plazos para liquidar en el país las divisas generadas por sus exportaciones.
Ese resultado se plasmó en la resolución 295 del Ministerio de Economía, que conduce Hernán Lorenzino. El texto de la norma, publicada ayer en el Boletín Oficial, extiende hasta 90 ó 180 días, según los casos, el plazo para ingresar divisas a las firmas Pop Argentina (exportador de popcorn), Molino Argentino (fabricante de harinas), Gentos y Bedson (semillas), Tovlent (piezas para vehículos) y Albano Cozzuol (plásticos). Es la primera respuesta oficial al reclamo de grandes compañías, que en algunos casos dejaron de exportar por la imposibilidad de cumplir con los nuevos plazos cambiarios.
El caso más resonante es el del sector minero, que exporta unos u$s 5.400 millones al año y tiene frenadas las exportaciones desde finales de abril. De acuerdo con fuentes de ese sector, una norma similar a la publicada ayer está a la firma del ministro Lorenzino.
En abril, Economía lanzó la resolución 142, que achicó a 15 días corridos desde la fecha de embarque el plazo para liquidar divisas provenientes de exportaciones de diversos productos. Entre ellos, los minerales metalíferos, como el oro, la plata y el cobre, que constituyen el grueso de las ventas al exterior del sector.
Más tarde, la cartera que lidera Lorenzino lanzó la resolución 231, que extendió los plazos a 30 días. Entre ambas, en tanto, el Gobierno había lanzado una excepción de la medida para los operadores que venden hasta u$s 2 millones al año. Y más tarde la secretaria de Comercio Exterior, Beatriz Paglieri, informó que extenderían los plazos en determinados casos puntuales que presentaran un pedido de ampliación de plazos a través de un formulario. Esa zaga es la que inició la resolución publicada ayer.
La liquidación casi inmediata de divisas dominó la reunión de Junta Directiva de la UIA que se desarrolló ayer. Quienes asistieron al encuentro, además, mostraron molestia porque son pocos las excepciones que resultan aprobadas.
Desde la central fabril negocian con el equipo del viceministro de Economía, Axel Kifillof, para ampliar los plazos más restrictivos. Al menos se necesitan 120 días, explicó un empresario bajo pedido de reserva.
Una de las alternativas que analiza el Gobierno es lanzar una nueva excepción general.