Por NATALIA DONATO - Luego de las amenazas e intimaciones a las consultoras económicas para que dejen de publicar sus índices de inflación, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, avanzó ayer con las asociaciones de consumidores, a quienes mediante una resolución les recordó que tiene todo el poder para darlas de baja del registro de entidades en cualquier momento. Los relevamientos de precios, las diferencias políticas con algunas y la resistencia de unas quince asociaciones a firmar esta semana un comunicado en contra de Cablevisión habrían impulsado al funcionario a desempolvar una vieja norma para advertirles que podrá eliminarlas del registro si lo considera pertinente.
La resolución 47, publicada ayer en el Boletín Oficial, modifica una vieja norma de 1999 –la 461– y blanquea el traspaso de facultades vinculadas con el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores y las obligaciones de estas entidades a la Secretaría de Comercio. La realidad es que esta función ya estaba en poder de Moreno, y es por eso que resultó llamativa la publicación de la resolución.
Según la resolución anterior, el poder de controlar a estas agrupaciones estaba a cargo de la Dirección Nacional de Comercio Interior que dependía de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, que hoy ya no existe. La nueva normativa faculta a la Dirección Nacional de Comercio Interior, pero que ahora depende de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Secretaría de Comercio, a realizar estas acciones y le reserva a Moreno “a atribución de dar de baja a las asociaciones que correspondan”. “No era necesario sacar esta norma si no tiene un trasfondo político”, consideró la titular de Adecua, Sandra González.
A su vez, consideró que “el problema de la resolución es quien la ejecuta”. “Si vienen, me auditan y me piden toda la información y tengo algo mal, está bien que me saquen del registro, pero no si a moreno no le gusta algo que estamos haciendo”, consideró González.
La publicación de esta norma –que se tratarse de ajuste a las nuevas estructuras, deberían haber salido muchas otras normas entre el 1999 y la actualidad porque los nombres de las secretarías han cambiado varias veces– volvió a poner al desnudo las diferencias entre las asociaciones de consumidores, entre las que están del lado del Gobierno y las que están en contra.
Por su parte, el directivo de Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada, consideró que se trata de una modificación administrativa por el cambio en el organigrama y que la norma no le da a Moreno un poder discrecional, sino que está regulado. También defendió esta visión el titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), Osvaldo Bassano, quien se mostró muy molesto por las interpretaciones políticas realizadas por otros colegas y enfatizó que “no hay ningún elemento jurídico que le cambie las facultades a las personas que ya están destinadas para ejercer este control. Es el mismo poder que ya tenían. Cazar fantasmas es muy fácil, pero inventarlos también”, disparó.
En la vereda de enfrente, se paró la titular de Centro de Educación al Consumidor (CEC), Susana Andrada, al sostener que “Moreno siempre quiso asociaciones vinculadas a él y que le respondan políticamente” y que “le molesta que se habla de precios”. “Vamos a ver qué hace y a qué asociaciones da arbitrariamente de baja”, señaló Andrada.
Estas diferencias entre las entidades también se vieron reflejadas en el encuentro que convocó hace más de una semana la subsecretaria de Defensa del Consumidor, María Lucila Colombo, para discutir sobre Cablevisión. De ese encuentro, surgió un comunicado contra la empresa que firmaron sólo unas quince entidades.