Por ESTEBAN RAFELE - La Unidad de Información Financiera (UIF) podrá congelar bienes y cuentas bancarias de personas y empresas sospechadas de tener lazos con organizaciones terroristas antes de que intervenga la Justicia. Así consta en el decreto 918/2012, publicado ayer en el Boletín Oficial.
Se trata, según fuentes oficiales, del último paso normativo que faltaba cumplir de cara a la reunión del Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI) que comienza el lunes. Allí se comenzará a definir la suerte de la Argentina, que hace un año integra la lista de países cooperantes con “serias deficiencias” en el combate del lavado de activos y el terrorismo, o “lista gris”, y está sometida a un programa de revisión intensiva.
La norma es complementaria de la ley antiterrorista 26.734, votada por el Congreso en diciembre último. Ese texto incorporó al Código Penal un agravante para delitos cometidos “con la finalidad de aterrorizar a la población” y penas de 5 a 15 años para quienes financien ese tipo de delitos, lo que generó rechazo en organizaciones sociales y en las mismas filas del kirchnerismo.
El decreto publicado ayer faculta a la UIF a bloquear preventivamente por un lapso de hasta seis meses los activos y cuentas bancarias de las personas y empresas sospechosas de tener vínculos con organizaciones consideradas terroristas. El organismo que conduce José Sbattella puede congelar los bienes por vía administrativa antes de dar intervención a la Justicia, lo que debe hacer en forma inmediata.
El texto legal establece procedimientos a seguir tanto por la UIF como por los sujetos obligados de informar (bancos, organismos públicos, etcétera). Estipula que se podrán bloquear bienes a personas físicas o jurídicas incluidas en el listado de terroristas del Consejo de Seguridad de la ONU o al analizar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de Financiación del Terrorismo. Estos reportes son emitidos por los sujetos obligados privados y organismos públicos “sin demora alguna” cuando consideran que están frente a un hecho probablemente vinculado a este tipo de delitos. La UIF, “si considera fundados el reporte o la solicitud” podrá inmovilizar los bienes “sin demora alguna”, antes de dar competencia a la Justicia.
Fuentes del organismo antilavado indicaron que esta norma es la última de un extenso cuerpo de exigencias legales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El plenario del organismo multinacional se reunirá desde el lunes próximo en Roma y comenzará a definir la suerte de la Argentina.
En el Gobierno son optimistas y consideran que todas las exigencias de actualización normativa fueron cumplidas y que ahora falta demostrar eficiencia en el control y en la Justicia.
En ese sentido, llevarán a las reuniones -que se extenderán durante toda la semana- “avances” en materia judicial. Entre ellos, el procesamiento de once personas por lavado de dinero en una causa vinculada al narcotráfico y numerosos cursos de capacitación brindados por organismos públicos y privados.
Si el GAFI aprueba los avances de la Argentina, el Gobierno pedirá la visita de una comisión de “alto nivel” del organismo, paso último antes de la salida de la “lista gris”.
Sbattella encabezará la misión técnica que irá a Roma desde el lunes. Irá acompañado por funcionarios de segunda línea de la AFIP, el Banco Central y la Superintendencia de Seguros. También viajará el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli. El miércoles se sumará el ministro de Justicia, Julio Alak.