La mayor presión fiscal sobre las productoras no garantiza un precio ‘planchado’ para el barril en el mercado interno, ni tampoco el abastecimiento a las refinerías de Shell y Esso, que no producen hidrocarburos en el país.

Pese a las intenciones del Gobierno, el esquema diseñado por Roberto Lavagna para aumentar hasta el 45% la alícuota que se aplicará sobre las exportaciones de crudo no basta, por sí mismo, para garantizar uno de los dos objetivos que se trazaron las autoridades: planchar el precio del barril en el mercado interno entre los u$s 23,04 y los u$s 24,75 –valores que surgen de deducir las nuevas alícuotas al precio internacional del crudo WTI– para, de esa forma, evitar que la suba excepcional que registra el petróleo en el mercado mundial se traslade a los surtidores del país.

¿Por qué una mayor presión fiscal sobre las exportaciones de crudo no garantiza, por sí sola, la promesa de precios estables para las naftas y el gasoil? Es simple: en la Argentina, la actividad petrolera está en manos de tres clases de jugadores. En la primera categoría se anotan las productoras verticalmente integradas, como Repsol YPF y Petrobras, que pisan fuerte tanto en la producción de hidrocarburos como en la refinación y venta de combustibles.

Así, españoles y brasileños están en condiciones de minimizar el impacto de las retenciones más altas a las ventas externas de petróleo optimizando sus procesos productivos y eligiendo, por ejemplo, refinar más en el país para exportar derivados –como naftas y GLP–, sobre los que aún pesan alícuotas inferiores a las que regirán para el crudo. De hecho, Repsol YPF lo hace desde 2002: entonces, en la ecuación de sus exportaciones el petróleo representaba el 60% y las naftas, el 40%. Hoy, la relación es exactamente la inversa.

El segundo grupo lo integran las productoras puras, como Pan American Energy, Chevron San Jorge, Tecpetrol, Vintage Oil, Total, Sipetrol y Pluspetrol, que sólo operan en la actividad extractiva y, a la hora de vender, pueden hacerlo en el mercado local o fuera del país.

Con margen escaso

Finalmente, el tercer grupo lo animan las refinadoras puras Shell y Esso, dos pesos pesado en el mundo que en la Argentina sólo operan en la refinación y venta de combustibles y, por ende, son las más vulnerables al contexto internacional.

Para ellas, el margen de maniobra es casi nulo: o compran el crudo a los precios disponibles en el mercado interno –que, al menos durante uno o dos meses, se regirán por los contratos ya firmados con productoras locales, a valores más altos que los que surgirían de los descuentos de las nuevas retenciones, pero inferiores a los que se vienen registrando en las últimas semanas– o lo importan, pagando el valor internacional, esto es, los u$s 44,10 a los que ayer cotizó el barril de WTI en Nueva York.

"Los precios del crudo para el mercado interno estarán atados a las condiciones de abastecimiento: si Shell y Esso no consiguieran quién les venda a u$s 24 y tuvieran que pagar el barril a u$s 34, aún así lo comprarían", aseguraba ayer un analista.

Según la misma fuente, junto a un aumento sobre las retenciones, la garantía para frenar subas de precios en los surtidores sería alcanzar un acuerdo de abastecimiento.

"Haría falta un compromiso voluntario de las productoras –bastante improbable– o la fijación de cupos a la exportación de crudo, la vía a la que recurrió, en plena crisis, la gestión de Duhalde".

Mientras tanto, todavía golpeadas por el alcance de los anuncios del miércoles, los departamentos legales de las petroleras analizan la legalidad del nuevo esquema de retenciones. Aseguran que el descuento sobre las exportaciones nació, en marzo de 2002, al amparo de la Emergencia Económica, y con el objetivo de compensar la pesificación de los depósitos bancarios. "Ése fue el sustento jurídico que tuvieron, y no los dos principios esgrimidos por Lavagna: tomar la renta generada por el precio excepcional de un recurso no renovable y neutralizar el impacto sobre los valores locales de los combustibles. Las productoras tendríamos una ventana jurídica para hacer una presentación", aseguró ayer un alto ejecutivo del sector.

De todas formas, la propia industria reconoce que una reacción judicial tendría pocas chances de prosperar: el Gobierno no dudaría en sacar una ley convalidando las causas esgrimidas para aplicar más presión fiscal sobre el sector.